Economía/Empresa

PIDEN APOYOS A LA EXPORTACIÓN

Los empresarios exigen mayor celeridad en la aprobación del PGOU y una bajada general del IPSI para reactivar la economía

cece empresarios junta directiva cedida
photo_camera Un momento de la junta directiva de la CECE celebrada ayer martes/ CEDIDA

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) advierte de que si no se cumplen los plazos del trámite de aprobación del nuevo PGOU y no se atiende su demanda de aplicar una bajada general de los tipos del IPSI, la economía local y la actividad empresarial acabarán por resentirse. La patronal insta también a la Administración Central a favorecer las exportaciones desde la ciudad. 

La demora en el proceso de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la presión fiscal y las deficiencias advertidas en los procesos de contratación con la administración local lastran el desarrollo de la ciudad. Éste es el diagnóstico que el empresariado local ofrece sobre el estado de la economía ceutí, un mapa coyuntural que ha llevado a sus representantes a exigir del Gobierno de la Ciudad la adopción de medidas inmediatas que corrijan la actual deriva.

La renovación de la ordenación urbanística en la ciudad y la tramitación del procedimiento que ha de concluir con la aprobación del nuevo plan inquietan a la patronal. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), reunida este martes en junta directiva, ha advertido de las consecuencias que para sus afiliados y para la economía de la ciudad tendría que el documento del PGOU no esté ultimado el próximo 17 de agosto, fecha a partir de la cual la Ciudad se vería obligada a prorrogar durante cinco años el plan vigente, que data de 1992. “Nos tememos que muy rápido habrá que conducir el trámite para cumplir con el plazo”, ha advertido el secretario general de CECE, Alejandro Ramírez.

La aprobación del nuevo plan resulta esencial para las expectativas de los empresarios del sector, que reclaman una puesta al día del urbanismo local que permita incrementar la disponibilidad de suelo y contemplar las innovaciones legales que el actual documento no recoge.

Junto a la aprobación del PGOU, la política fiscal de la Ciudad se erige en el segundo campo de batalla de los empresarios. La patronal ceutí ha propuesto como medida inaplazable una bajada general de los tipos del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). Pero la principal aspiración de la CECE continúa siendo la de sustituir el IPSI por un nuevo sistema impositivo que guarde mayores semejanzas con el del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El nuevo modelo fiscal perseguido por la patronal busca fortalecer la capacidad exportadora de las empresas ceutíes mediante la homologación de su fiscalidad con la del entorno.

Con este fin, la CECE ha resuelto solicitar a la Administración Central modificaciones normativas que permitan simplificar los trámites que actualmente han de cumplimentar las empresas que aspiran a internacionalizar su producción. Los emprendedores locales consideran que el pujante desarrollo de nuevos mercados emergentes en África puede ser una oportunidad frustrada para la economía ceutí si no se facilita un marco fiscal y administrativo que favorezca sus exportaciones.

 

Contrataciones

Las contrataciones con la administración municipal también son fuente de agravio para los empresarios, quienes exigen al Gobierno de la Ciudad que ataje la práctica de la baja temeraria en las convocatorias. Según sostiene la patronal ceutí, el Gobierno local no aplica la Ley de Contratos del Sector Público en lo que concierne al control de las ofertas que concurren con precios por debajo del mercado.

El sistema adoptado por la Ciudad que contempla la licitación de los contratos públicos que superen los 500 euros no resulta suficiente, a juicio de los empresarios, para erradicar esta práctica. Según la CECE, se han dado casos en los que la oferta presentada ni tan siquiera cubría el coste de los salarios que por convenio habría que abonar a los trabajadores de la empresa.

La reunión de la junta directiva de la organización empresarial ha servido también para poner sobre la mesa algunas otras de las preocupaciones que asaltan al sector. Entre ellas figura la demanda de los hosteleros para que se acometa una reforma de las ordenanzas municipales de terrazas que garantice la estabilidad de estos negocios.

La CECE también ha resuelto solicitar información a las autoridades portuarias de la Bahía de Algeciras y Ceuta acerca del destino que se concede a los fondos recaudados en concepto de tasas portuarias. Los empresarios estiman que por este concepto las instituciones portuarias del Estrecho recaudan cada año, en una estimación conjunta, unos 27 millones de euros. La patronal desea conocer cómo redunda ese gasto en la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios de ambos puertos, unas prestaciones que, a juicio de la junta directiva de la organización empresarial, presentan serias deficiencias.

Finalmente, los empresarios han anunciado que darán traslado oficial a la Ciudad y la Delegación del Gobierno de las peticiones que, a propósito de la situación de la frontera de El Tarajal y los polígonos comerciales, planteó la CECE la pasada semana.

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