Las críticas de la Asociación de la Construcción a la política de contratación pública de la Ciudad no parecen hacer mella en el Gobierno local. Su portavoz, el consejero Jacob Hachuel, ha anunciado esta mañana que las encomiendas de obras y proyectos a la sociedad estatal Tragsa continuarán. “Están ajustadas a derecho y no se puede pretender que se retire algo que es perfectamente legal”, ha apreciado Hachuel.
Los empresarios del sector de la construcción reprochan al Gobierno su renuncia a licitar las obras públicas y la consiguiente exclusión de la iniciativa privada en cualquier proyecto promovido por la Ciudad. La Asociación de la Construcción reclamó ayer mismo al Gobierno local que renunciase a continuar aprobando encomiendas de gestión a Tragsa, encargos que se adjudican directamente prescindiendo de cualquier tipo de concurso.
El portavoz del Gobierno ha argumentado contra la pretensión del sector que la licitación pública de las obras no significa necesariamente que éstas acaben siendo adjudicadas a una empresa de la localidad. Además, ha vuelto a insistir en el argumento de que la asignación a empresas privadas de proyectos públicos ha ocasionado en muchas ocasiones retrasos en los plazos de ejecución e, incluso, anulaciones de los contratos.
“Entiendo que la Asociación reivindique sus derechos, pero nosotros aplicamos la ley y buscamos la mayor eficacia en la gestión”, ha replicado Hachuel.
Base 19
El portavoz del Gobierno ha mantenido que el Gobierno acabará retirando las estipulaciones de la base 19 que regula la ejecución del Presupuesto. Esta regulación fija los contratos menores en una cuantía superior a la que establece la nueva Ley de Contratos del Sector Público y fija para aquéllos la obligación de ser licitados a partir de una cuantía superior a los 500 euros. “Es una cuestión muy técnica que llevará algunos meses, pero cuando se tenga que retirar definitivamente, se hará”, ha explicado Hachuel.
