El Gobierno, a través de la Consejería de Hacienda, se dispone a crear 22 plazas para personal funcionario de la Ciudad como adaptación y respuesta a la nueva legislación en materia laboral, que desde el 31 de marzo prohíbe las contrataciones temporales en puestos estructurales y que, por tanto, ha dejado inhabilitadas diferentes bolsas de trabajo, como es el caso de las correspondientes a Servicios Sociales o algunas guarderías.
Los puestos se corresponden con los grupos A y B, y concretamente a las categorías de trabajador social, para los que se crearán cuatro puestos en la Consejería de Asuntos Sociales. Auxiliar de enfermería, que contará con una dotación de 9 plazas (la más cuantiosa). Así como la dotación en los centros de menores de cuatro puestos de educador, y otros cuatro de monitor educativo.
Precisamente, la oferta pública de empleo provocó la revolución de los sindicatos la pasada semana durante la reunión de la mesa negociadora, que se saldó con una ruptura entre las partes al manifestar el Gobierno- según expusieron los agentes sociales vía comunicado-, que dicha oferta “era inamovible”.
CSIF en concreto, señalaba que se solicitó antes de la votación que se dejará sobre la mesa la aprobación de la OEP para una nueva reunión en breve espacio de tiempo y “poder valorar y mirar con tiempo las solicitudes realizadas y, tras ello, el Gobierno se ha negado en rotundo, no solo a posponer la aprobación a una nueva reunión en pocos días si no que además, se ha negado en rotundo a acceder a las peticiones que se le han realizado”.
