El Gobierno afirma que la nueva norma solo «reformula» la bonificación del 50% a la Seguridad Social

En contestación a una pregunta parlamentaria del senador Muñoz Arbona, el Gobierno elude valorar los efectos sobre la cuantía de la bonificación en Ceuta y Melilla que tendrá la entrada en vigor del sistema establecido por la nueva regulación.

Reunión de la Mesa de Diálogo celebrada el pasado 15 de febrero (CEDIDA)
photo_camera Reunión de la Mesa de Diálogo de Ceuta celebrada el pasado 15 de febrero (CEDIDA)

El Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, no suprime las bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla sino que «las mantiene y reformula». Esta es la respuesta que el Gobierno ha brindado a una pregunta parlamentaria registrada por el senador ceutí David Muñoz Arbona acerca de los efectos que tendrá sobre las bonificaciones vigentes la entrada en vigor el próximo 1 de septiembre de la nueva Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

La contestación del Gobierno elude valorar los efectos que tendrá sobre la economía de las dos ciudades la suspensión de la bonificación del 50% de las cotizaciones para su sustitución por una cantidad fija de 262 euros vinculada a la formación y la contratación indefinida. La Mesa de Diálogo Social de Ceuta, que reúne a patronal, sindicatos y Gobierno de la Ciudad, han advertido de que esta modificación tendrá como consecuencia una notable impacto práctico sobre la cuantía de la bonificación.

La entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2023 supone la derogación de la disposición adicional 23ª del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, que regula la bonificación de las cuotas patronales a la Seguridad Social en las dos ciudades autónomas. El Gobierno insiste en que esta derogación «no implica» la supresión de la bonificación sino que la somete al marco de revisión de las subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social impulsado con el fin de de «simplificar el sistema de incentivos a la contratación y aumentar su eficacia». La respuesta del Gobierno no valora, sin embargo, la inquietud de empresarios, sindicatos, partidos e instituciones que han advertido de la mengua en las bonificaciones que puede suponer la nueva regulación.

La aséptica respuesta del Gobierno no se compadece con las afirmaciones que el pasado 14 de marzo mantuvo en el Senado el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, sobre la cuestión. En respuesta a una pregunta formulada por el senador Muñoz Arbona en la  Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Alta, Pérez se mostró confiado en que los planes integrales aprobados por el Gobierno central para Ceuta y Melilla permitan preservar la bonificación del 50%.