Los tres ponentes expusieron todas sus opiniones, pero entre ellas cabe destacar la desvelada por el arquitecto Carlos Pérez Marín sobre la posibilidad con la que cuenta Ceuta para contar con una Ley del Suelo propia, algo, que según explicó, sólo hace falta pedir al Gobierno de la Nación.

Ello permitiría que la Ciudad contara con un Plan Director Territorial de Coordinación. En estos momentos y cuando se ha puesto en marcha en el Congreso una comisión para remodelar y debatir sobre el modelo autonómico tras lo acontecido en Cataluña, Ceuta sale a la palestra, ya que es una buena oportunidad para avanzar en ese sentido.

Las competencias autonómicas tienen mucho que ver con el asunto del Urbanismo, solo basta con comprobar qué significa un Plan Director Territorial de Coordinación.

Pues los planes directores territoriales de coordinación son las herramientas que establecen las directrices para la ordenación del territorio, el marco físico en que han de desarrollarse la previsiones del Plan y el modelo territorial en que han de coordinarse los Planes y Normas a que afecte y, además, tiene ámbito autonómico.

Carlos Pérez llevaba razón, Ceuta podría disponer de esta herramienta dentro de su ámbito autónomico, lo que le permitiría poder desarrollar, como dijo el arquitecto, “la ciudad que queremos”.

Para poder contar con este instrumento, Ceuta tendría que disponer de una Ley del Suelo propia. El problema estriba en que al no tener capacidad legislativa en este sentido habría, según el experto, que pedirla al Estado.

Según desveló en su intervención, hace un año la subdirectora general del ramo dijo en el mismo marco de las jornadas de economía que el Gobierno de España, si se le solicitase no tendría ningún tipo de problemas para confeccionar una Ley específica al respecto para Ceuta y Melilla. Solo habría que pedirlo. La pregunta se viene a la mente y sirve de titular a este reportaje. Una Ley del Suelo para Ceuta ¿por qué no? Es más, según explica Ciudadanos, el artículo 12.1.b otorga a la Asamblea de Ceuta la iniciativa legislativa en los términos previstos en el propio Estatuto y el artículo 13 autoriza a solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley.

En este sentido, la formación naranja elevó al pleno de la Asamblea una moción por la que solicitará al Gobierno de la Ciudad que inste a la elaboración de un proyecto de Ley de Suelo y Ordenación Urbana para Ceuta. La formación sugiere que esta petición se traslade a las autoridades municipales melillenses a fin de estudiar la posibilidad de plantear una petición conjunta.

La representación en la Asamblea de Ciudadanos recuerda que el texto refundido de la Ley de 1992 fue declarado inconstitucional cinco años más tarde. “Nos sorprende que se haya dejado transcurrir tanto tiempo sin exigir la promulgación de una Ley que dote a las ciudades autónomas de una normativa sobre urbanismo y suelo actualizada”, lamenta en la exposición de motivos de su moción.

Todos los ponentes participantes en la jornada, sumamente interesante, vinieron a coincidir en que la inacción de los gobernantes ceutíes han provocado que se lleven quince años para poder redactar una nuevo Plan General de Ordenación Urbana, hecho que a su juicio y al de muchos profesionales no deja de ser una barbaridad. Quizá habría que preguntarse ¿qué motivos han existido para esa tardanza? ¿Por qué se decidió echar para atrás todo el trabajo realizado por la empresa Prointec durante años? Ya no solo es el retraso y la incidencia negativa que la falta de un PGOU tiene para la economía de la ciudad, también habría que pedir explicaciones sobre los fondos invertidos en el estudio encargado. 

El resto de las autonomías cuentan con su Ley del Suelo, salvo Ceuta y la ciudad hermana de Melilla, y muchas de ellas cuentan con planes directores, como es el caso de Andalucía que realizó un Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su entorno, formulado de conformidad con la Ley que estableció el régimen jurídico del Paque Nacional de Doñana y aprobado por Decreto 181/1988.