El pasado 19 de marzo el Ministerio de Sanidad declaró la suspensión de apertura al público de los establecimientos de alojamiento turístico por la declaración de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En ese momento, ya se habían presentado 67 solicitudes de Erte en Ceuta que afectaban a 352 trabajadores, la mayoría en sectores como hostelería y comercio. Empezaba la escalada de los Ertes. Era lo lógico, los negocios cerraban por tiempo indeterminado y tampoco estaba claro cómo iba a evolucionar la pandemia.
La solución pasaba por acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Antes que perder el trabajo, mejor irse a casa con la suspensión temporal del contrato. Las empresas sólo querían garantizar los pagos a las plantillas a través de la prestación.
Grandes empresas en España tomaron esa decisión. La lista es amplia en sectores como el automovilístico, restauración, moda y accesorios o compañías aéreas. Y en particular, en el sector hotelero, al verse abocadas al cierre por las medidas de confinamiento, plantearon un Erte cadenas como Iberostar, NH Hotel Group, Senator Hotels & Resort, Grupo Riu, Barceló Hotel Group o Meliá.
Aquel 19 de marzo, ¿qué planes tenía el Gobierno de Ceuta para el hotel Puerta de África cuando dejará de funcionar? Debió cerrarlo y la sociedad presentar un ERTE, pero no fue así. Dos días después el Gobierno anunció que el establecimiento se mantendría abierto para una eventual emergencia sanitaria cuando Paradores ya había decretado el cierre de todos sus establecimientos en España, entre ellos el hotel La Muralla, para ponerlos a disposición de las autoridades sanitarias.
Más de 60 nóminas que pagar, 120 habitaciones sin usar y sin ingresos. ¿No era lo suficientemente deficitaria la empresa como para permitirse el lujo de no acudir al Erte?
El Gobierno descartó la regulación de empleo en Puerta de África sin pensar en el interés general de la ciudad, olvidando que tendría que asumir los gastos de un establecimiento endeudado que no iba a generar ingreso alguno.
El informe de gestión del ejercicio 2019 se refiere a que fue un año de retroceso en la producción y de aumento del gasto. La cifra de negocio disminuyó, cayó la ocupación y bajaron los precios por habitación.
El hotel padeció el problema fronterizo, el menor número de pernoctaciones por la mejora de las comunicaciones aéreas, la apertura de nuevos establecimientos y la ausencia de implantación de grandes empresas en Ceuta. Todo está redactado en un informe del gerente que también menciona el proceso judicial abierto con la cadena Meliá.
Y luego llegó el estado de alarma que para colmo originó el cese de toda actividad empresarial.
Siendo conocedor de todas estas circunstancias, el Gobierno pensó que sería bueno sacar el millón de euros a fondo perdido que estaba “guardado” en el Presupuesto y hacer un remiendo. Flaco favor a los trabajadores hace la ciudad si la empresa, que no funciona como tal, sigue en picado hacia una situación de ruina económica. ¿Qué pasará entonces con los empleados?
La inyección de un millón de euros al hotel municipal que aumenta su capital, ha sentado como una bofetada a todo el sector hostelero por ser dinero público para un establecimiento mantenido por todos los ceutíes que compite con el resto de empresas locales.
Desleal es la competencia y desleal ha sido el Gobierno de la Ciudad con los profesionales de la hostelería a quienes vende promesas a un precio muy caro: un futuro incierto.
