La sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles sirvió para conocer datos muy interesantes, aunque conocidos por todos, tanto políticos como ciudadanos. La ciudad está muy sucia, por lo que es fácilmente deducible que el servicio que se está prestando no está alcanzado los objetivos previstos.
El estado de la limpieza fue confirmada en la sesión por todos los representantes políticos, algo que se confirma con las palabras de la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos. Ambos en sus respuestas a los partidos de la oposición vinieron a reconocer que a Trace se le vienen practicando deducciones dinerarias de las certificaciones, o sea, de las facturas, por no realizar los servicios pactados.
Chandiramani ratificó este apartado y, además, dijo que el Gobierno va a elevar una consulta al Consejo de Estado para saber su opinión de cara a la rescisión del contrato que vincula a las dos partes; Ciudad y Trace. Fernando Ramos fue más allá en su apreciación y contestó que la Ciudad sólo paga a la UTE por los servicios que presta. Craso error en la respuesta.
Es evidente de que si Trace no lleva a cabo los servicios que tiene que dar con arreglo al contrato, lo lógico es que efectivamente no se les abone. Faltaría más. Pero quizá la parte en la que no cayó es que la no prestación de los servicios conlleva, cuando menos, un incumplimiento del contrato, lo que, usando la lógica también, debe conllevar la apertura de un expediente administrativo por la incidencia. Aún es más graves cuando éstas, las incidencias, se repiten. Tanto Chandiramani como Ramos dijeron públicamente que se han producido detracciones dinerarias de varias facturas presentadas por la empresa, por lo que es lógico pensar que existe reiteración de la posible falta en la prestación de los servicios contratados.
Una falta de este tipo, al margen de la calificación o tipificación que tenga acorde a la normativa establecida, no sería motivo para la rescisión del contrato, según han indicado fuentes conocedoras del asunto, aunque la acumulación de expedientes sancionadores por la reiteración si podría serlo.
Es comprensible que la Ciudad quiera asegurar los pasos que da en un asunto tan importante como complicado, ya que un error en los cálculos podría conllevar serias consecuencias.
Ceuta Actualidad también ha querido conocer la opinión de la empresa, aunque al cierre de esta información la misma meditaba si hacer declaraciones públicas al respecto o declinar la invitación realizado por este periódico digital.
