El Boletín Oficial del Estado publicaba ayer el decreto por el que se prorroga hasta el 31 de agosto el cierre de la frontera de Ceuta con Marruecos. El mantenimiento de la clausura del paso fronterizo se ha erigido ya en el símbolo de la crisis que azota a una ciudad enfrentada a una responsabilidad largamente postergada: ¿qué hacer con la economía local?
El impulso dado por Marruecos a la zona franca de Castillejos revela que el peculiar modelo que ha sustentado durante años la actividad comercial en Ceuta ha pasado a mejor vida.
El presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, exigía recientemente a las autoridades la adopción de “medidas inmediatas” para salvar a un sector comercial “que vive unos momentos extraordinariamente críticos”.
Las fuerzas políticas locales no han logrado todavía forjar un consenso en torno al modelo que habrá de sustentar en el futuro la economía ceutí. Empeñados en la elaboración de los documentos que establecerán el objetivo final, los partidos y el Gobierno de la Ciudad continúan sin definir qué ha de hacerse para impedir que Ceuta sucumba a la crisis.
El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Alí, se preguntaba esta misma semana en la Cámara si el Gobierno seguía manteniendo su fe en el comercio como motor de desarrollo o si se planteaba alguna alternativa. El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, insistía en su respuesta en el apoyo que la Ciudad seguirá brindando al sector, aunque no precisó qué plan se propone para relanzar la actividad económica.
Ayer mismo, tras su participación en la cumbre de presidentes autonómicos, el popular Juan Vivas insistía en la necesidad de promover un modelo de actividad que libere a Ceuta de cualquier tipo de dependencia con Marruecos. Hasta la fecha, el Gobierno municipal tan solo ha hecho apelaciones a la necesidad de fortalecer la excepcionalidad fiscal de Ceuta, un recurso mediante el cual pretende atraer a los inversores hasta la ciudad. Aunque nunca ha definido hacia qué actividad económica prefiere que se orienten estas inversiones. Desde hace meses, el Gobierno se limita a hacer referencias tímidas a los resultados que ha arrojado el proyecto de convertir a Ceuta, a través de las bonificaciones fiscales aprobadas por Madrid, en sede de las empresas de juego online.
Mientras, la sociedad municipal Procesa se ha dirigido ya a los presidentes de los polígonos de El Tarajal para reclamarles información sobre la disponibilidad de instalaciones que podrían ofrecerse a futuros nuevos inversores. En concreto, la empresa pública ha preguntado por el número de naves en alquiler o venta y su precio.
Más allá de ahondar en el atractivo que a los empresarios foráneos puedan llegar a encontrar en nuevas medidas fiscales que les inviten a instalarse en la ciudad para reducir costes, el Gobierno sigue insistiendo en la necesidad de ampliar el peso del sector público. El presidente Vivas subrayaba también ayer la conveniencia de “una mayor presencia del Estado en la ciudad” que se convertiría en una vía de creación de empleo.
Las bonificaciones fiscales incardinadas en el Régimen Especial Fiscal y la extensión de un sector público ya actualmente enorme parecen ser las únicas propuestas que públicamente se han defendido hasta la fecha para rescatar a la ciudad de la crisis. El reto sigue ahí.
