Lunes. 11.12.2017 |
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EL GERENTE, MUY SATISFECHO CON LOS RESULTADOS

Servicios Tributarios defiende su labor en la lucha contra el “dumping fiscal” en las importaciones

Servicios Tributarios defiende la fiscalización de las mercancías importadas a Ceuta (C.A.)
Servicios Tributarios defiende la fiscalización de las mercancías importadas a Ceuta (C.A.)

Uno de los mayores problemas con los que se encuentran los comerciantes de El Tarajal, según vienen denunciando, es el fraude fiscal que se está produciendo en relación con el IPSI por importación de mercaderías. En este sentido, los empresarios exigen a Hacienda, Aduanas y Servicios Tributarios un mayor control en esta parcela, mientras que el Organismo Autónomo de Servicios Tributarios defiende su gestión para luchar contra el “dumping fiscal”.

Servicios Tributarios defiende su labor en la lucha contra el “dumping fiscal” en las importaciones

Pero no son sólo los empresarios los que denuncian el “dumping fiscal”, sino los sindicatos y la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), que aseguran que la infravaloración de facturas con la intención de evadir el pago del IPSI es una práctica habitual entre un sector del empresariado bien conocido. Así lo manifiestan en el documento que las partes han redactado y en el que presentan sus propuestas para solucionar la situación conflictiva que se viene produciendo en el entorno fronterizo de El Tarajal. El documento será usado como base en la reunión que las centrales sindicales CCOO y UGT y la CECE van a mantener el jueves de la semana próxima con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull.

Según se refleja en el documento y denuncian los empresarios, el “dumping fiscal” es un factor de desorden de la actividad ordinaria de los polígonos. Un hecho “tan conocido como tolerado por parte de la Administración”, en este caso la Ciudad. Este “margen adicional irregular” permite a algunos empresarios monopolizar la actividad comercial, en detrimento de los que se comportan correctamente y cumplen con sus obligaciones fiscales con rigurosidad

Ante esta afirmación, el Organismo Autónomo de Servicios Tributarios de Ceuta, a través de su director gerente, Enrique Reyes, ha explicado los mecanismos de los que dispone para luchar contra el fraude fiscal en la importación de mercancías. Según el responsable del OAST, el organismo dispone de un servicio en el Punto de Atención al Transporte (PAT), en el Puerto de Ceuta, que es el que se encarga de la verificación de valores.

El procedimiento para la labor de fiscalización arranca con la llegada de la mercancía importada al PAT. El personal de la oficina del OAST revisa la declaración presentada y se produce un cruce informático entre los valores declarados por el importador y los valores medios.

Si lo declarado está por debajo del valor medio estimado, el OAST realiza una declaración paralela, facilitándole al contribuyente todos los derechos y plazos legales establecidos para que puede recurrir la actuación, en el caso de que lo que crea conveniente. Este servicio lleva en funcionamiento desde el año 2014, explica el director gerente, que agrega que las inspecciones se llevan a cabo por un sistema aleatorio conducido.

Enrique Reyes se encuentra muy satisfecho con los resultados que arrojan hasta el día de hoy las labores de inspección, “que vienen siendo muy efectivas y arrojando cifras muy importantes” “El rendimiento es totalmente satisfactorio”, dice.

Estas labores las lleva a cabo el personal del OAST en colaboración con el Servicio de Aduanas y cuando se detecta que un contribuyente “hace este tipo de prácticas se le hace una vigilancia”.

Ante las denuncias públicas hechas por el tejido empresarial, Enrique Reyes es expeditivo a la hora de afirmar que si un comerciante “tiene conocimiento de actuaciones ilícitas lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de las autoridades”. El gerente del OAST reconoce que son pocas y muy puntuales las denuncias que los empresarios ponen por presuntas infracciones a la legislación tributaria.

Por última y ante la necesidad de llevar a cabo inspecciones en las denominadas naves consignas, Reyes entiende que los polígonos constituyen una comunidad de propietarios privada y que, por tanto, pueden desautorizar la instalación de naves consignas. “Es algo que se puede regular”, concluye.

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