Sábado. 22.09.2018 |
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LA MERCANTIL PRESENTA ALEGACIONES Y ASEGURA QUE SE HA ENTERADO DEL INFORME AUDITORÍA POR LA PRENSA

Trace acusa a la Ciudad de someterla a una "persecución" que vulnera algunos de sus derechos fundamentales

Trabajadores de la empresa Trace (C.A./ARCHIVO)
Trabajadores de la empresa Trace (C.A./ARCHIVO)

La empresa concesionaria del servicio limpieza viaria y residuos sólidos, Trace, acusa al Gobierno de someterla a una “persecución manifiesta, alcanzando a vulnerar principios fundamentales, como los derechos a la libertad de expresión o el de a la intimidad”.

Trace acusa a la Ciudad de someterla a una "persecución" que vulnera algunos de sus derechos fundamentales

Así lo refleja en el escrito de alegaciones que ha presentado tras conocer el informe realizado por la Intervención sobre la situación en la que se encuentra el contrato con la concesionaria, al que, según explican, han tenido conocimiento a través de la prensa.

En este sentido, Trace precisa que el 21 de diciembre de 2017 solicitó, al ser parte en el procedimiento, que se le diese trámite de audiencia, previa emisión del informe, para poder evacuar las alegaciones oportunas.

El 7 de febrero de 2018, “tras la omisión de la petición por parte de Intervención, se presentó un escrito solicitando nuevamente que “se nos diera trámite de audiencia”, algo que hasta la fecha no ha sucedido pese a tiempo que ha pasado, sino que “han filtrado el informe de la auditoría a la prensa previo trámite de alegaciones a esta parte”.

Trace asegura que “esta parte ha tenido acceso al mencionado informe de auditoría a través de la prensa, y al no estar de acuerdo con él es por lo que ha presentado el escrito de alegaciones.

Así, la empresa explica que en lo que se refiere al gasto en uniformes, cuyo gasto es considerado excesivo y no es necesario para la ejecución del contrato. Que parece surrealista que la Intervención estime como no necesario. La empresa resalta que la Ciudad dota a su persona de los uniformes reglamentarios que necesitan sus trabajadores. Por ello piden a intervención que comparen los costes en los que incurre la Ciudad y los que ha incurrido la empresa para conocer si el precio “al que vende una de las empresas vinculadas está por encima del valor del mercado o no”. También recuerdan que en el contrato se exige la obligación de proteger al trabajador suministrándole los equipos de ropa y demás artículos necesarios, que se han “comprado los que ofrecen una mayor relación precio calidad y siempre con el consentimiento del comité de empresa”.

 

Plantilla administrativa sobredimensionada

Desde Trace también explican que la anterior concesionaria mantenía un encargado general de contenerización, una encargado general de RSU, un delegado y un director técnico, mientras que la mercantil mantiene un director general, un director técnico y tres auxiliares al servicio de éste. El coste, alega, es inferior a la estructura que mantenía la anterior concesionaria, por lo que no entiende en qué se basa la Intervención para considerar su estructura sobredimensionada.

Otro apartado en el que Trace contesta con contundencia es el relativo al vaciado de fosa séptica. Argumenta que la anterior adjudicataria mantenía sus instalaciones en una concesión de la ampliación del muelle de Poniente, a la que Trace no se ha podido subrogar gracias a la inactividad de la Administración local.

Ante la carencia de suelo, lo único que se ha podido encontrar son las actuales instalaciones, que han necesitado de una importante inversión para su adecuación. En las instalaciones, la inexistencia de saneamiento, ha condicionado en incurrir en elevados gastos en el vaciado de la fosa séptica.

La mercantil entiende que Intervención no puede dejar imputar este tipo de gastos al contrato, cuando es la propia Administración la que “que nos ha llevado a incurrir en los mismos”.

Abundando en el asunto, la empresa hace constar que en 2014 se comunicó por escrito a Acemsa que se procediese a “darnos servicio para conectarnos al saneamiento público. La empresa pública, pese a reiterar en el intento, Acemsa no ha dado solución al problema de las instalaciones, en las que conviven 400 personas y 70 vehículos, dicen en las alegaciones.

La afirmación que aparece en el informe auditoría sobre que los gastos de asesoramiento jurídico tienen un excesivo coste, “que permite aventurar que se trata de asesoramiento a todas las empresas del grupo”, es para Trace de una gravedad extrema, “ya que vulnera nuestro derecho a la integridad y prestigio profesional”. En este apartado, la mercantil dice que se reserva el derecho a ejercer las oportunas acciones legales.

Cada empresa del grupo, dice en las alegaciones, tiene su iguala y en ningún caso Trace está pagando el asesoramiento a empresas del grupo. “Si la Administración cumpliese con sus deberes probablemente el gasto incurrido sería bastante menor”, dice Trace.

Sobre la redacción del proyecto de pavimentación, Trace precisa que la factura a la que se refiere Intervención se corresponde a la actual base, no al proyecto de pavimentación. La pavimentación consistió en una losa de hormigón de 300 metros de hormigón frasado, cuyo valor de mercado no es inferior al incurrido por parte de la empresa.

 

Gastos financieros

Los gastos estipulados en el pliego de prescripciones técnicas del contrato establecen un interés del 8,26% para la financiación de la maquinaria, dice Trace en sus alegaciones. La empresa reconoce que la misma ha sido adquirida en régimen de arrendamiento financiero a una empresa del grupo, aunque precisa que aun importe inferior al 8,26% citado, por lo que entiende que los gastos no son elevados.

Las partidas que incrementan los gastos financieros se corresponden a la comisión por el aval que garantiza el contrato y los gastos relativos a las pólizas de crédito que la empresa se ve obligada a contratar para financiar los continuos retrasos en los pagos de las certificaciones mensuales, cantidades que está reclamando judicialmente.

Trace aclara que tiene reclamaciones actualmente en los juzgados por importe de 2,2 millones de euros, y en vía administrativa los 1,173 millones que se reflejan en el informe auditoría.

En sus alegaciones, Trace detalla los servicios prestados por las empresas vinculadas, ACC, Makerel Medioambiental, Casa Ros, Benybe, Publi Publi, Almacenes Bentolita y Lirola, asegurando que la totalidad de los servicios prestados por estas mercantiles han estado valorado por debajo del precio de Mercado. “Como es lógico no va a subcontratar con tercero cuando los servicios nos lo pueden prestar las empresas del grupo”, alega.

Trace califica la situación del contrato como deficitaria hasta la fecha, por lo que no se le ha facturado a Trace gastos de dirección por el resto de empresas del grupo, ni los socios han tenido remuneración de ningún tipo por parte de la compañía.

Ante lo dicho, para Trace es manifiesta la persecución por parte de la Administración a la concesionaria, formada por “un grupo económico que se ha dedicado a reinvertir desde hace décadas en la ciudad con un constante crecimiento de empleo.

A juicio de Trace, este contrato le ha “ahorrado a la Ciudad más de 20 millones de euros desde su comienzo, partida que en los primeros años ha servido para poder pagar a todo el funcionariado de la Ciudad”.

El esfuerzo, lejos de verse recompensado, se ha “visto perseguido”, asegura la mercantil, que agrega que la anterior concesionaria generaba altos beneficios, de los cuales no se quedaba absolutamente nada en Ceuta, pero al parecer, sin tener explicación lógica es lo que pretendía y pretende la Ciudad”, concluye.

Trace acusa a la Ciudad de someterla a una "persecución" que vulnera algunos de sus derechos fundamentales
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