La venta, que “es totalmente legal, se produjo a una empresa del mismo grupo, pero lo cierto es que el contrato está vendido”. Ante la afirmación, Aróstegui ha recalcado que la posibilidad de la venta existe y viene a dar carta de naturaleza a las declaraciones hechas este lunes por el portavoz de los localistas, Mohamed Alí, que dijo que la intención que baraja el Gobierno es la de instar a Trace a que venda el contrato a la empresa Urbaser.
En este sentido, Aróstegui ha precisado que la adjudicataria del servicio fue la UTE compuesta por las mercantiles ACC y Lirola, mientras que “ahora la propietaria es la UTE compuesta por Makerel y Lirola”. La venta del contrato tiene un procedimiento y la “empresa nueva asume todas las obligaciones en los mismos términos que la adjudicataria original, “La venta no es una figura extraña ni ilegal; es un procedimiento normalizado”.
A día de hoy, ha dicho el localista, Trace tiene un expediente sancionador por no incorporar la maquinaría al servicio en los plazos establecidos en el pliego de condiciones, y tres detracciones, lo que “significa que a juicio de los servicios técnicos de la Ciudad ha habido un 40% de los servicios que no se han prestado”.
Las detracciones no implican una sanción, ya que lo que provoca es el inicio de un expediente sancionador, en el que la empresa, después de que se le comunique, tiene un plazo para presentar alegaciones. Los expedientes sancionadores, ha agregado, no están abiertos, aunque la lógica impone que una vez que se detraen cantidades habría que aperturar los expedientes.
Al hilo de ello, el representante de Caballas ha dejado entrever que si la empresa tiene el expediente abierto y, además, las tres detracciones, es poco compatible con alcanzar una resolución del contrato de mutuo acuerdo, que es la pretensión que también barajaba el Ejecutivo.
Aróstegui ha recordado que el Gobierno ha incumplido el acuerdo plenario, aprobado por unanimidad, que obligaba a realizar una auditoría sobre el servicio, agregando que el servicio tiene un coste aproximado de 19 millones de euros y el “Gobierno ha entrado en una especie de convulsión porque ven que el asunto de la limpieza puede pasarle factura en la próximas elecciones”.
