Economía/Empresa

no existe una guía que oriente el desarrollo económico

La ciudad sin plan

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photo_camera Viandantes caminan por el Paseo del Revellin/ ANTONIO SEMPERE

La necesidad de disponer de un plan estratégico que sirva para la ordenación del desarrollo económico de la ciudad ha sido subrayada a lo largo de las últimas semanas por distintos representantes empresariales. El documento nacido en 2012 de los trabajos de la denominada Mesa por la Economía es a día de hoy apenas papel mojado. 

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, era el invitado de relumbrón en una de las sesiones de las jornadas de economía que el Instituto de Estudios Ceutíes celebró el pasado noviembre. González de Lara había venido a compartir la experiencia que con el devenir de los años ha convertido a la ciudad de Málaga en un reclamo turístico de primer orden. “Hace falta un plan estratégico”, sentenció González de Lara ante el asentimiento de todos los presentes.

¿Un plan estratégico? El vocal de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CEC), Jorge Campos, se mostraba esta misma semana ante los periodistas aceradamente crítico con las autoridades municipales y con el “ninguneo” al que aseguró la Ciudad ha condenado al empresariado local. “El problema es que no sabemos dónde vamos; se actúa un poco por impulso”, lamentó Campos.

El empresario recordó que el afán por crear un plan estratégico para el desarrollo económico de la ciudad no es ajeno a las autoridades y a los agentes sociales. El esfuerzo se hizo, el proyecto quedó por escrito, el plan fue aprobado por el pleno de la Asamblea y, después de todo ello, apenas cuatro años después, nada se sabe de su ejecución.

En el año 2012, la llamada Mesa por la Economía, que integraba a representantes de la Ciudad, grupos de la oposición municipal, empresarios y sindicatos, comenzó a trabajar para el diseño del bautizado como “Plan estratégico para el desarrollo económico de Ceuta”. Las sesiones ocuparon relevantes espacios en las páginas de los diarios locales y, para cuando finalmente fue aprobado por el pleno de la Asamblea en junio de 2012, el por entonces portavoz del Gobierno local y consejero de Economía, Guillermo Martínez, sentenció ante los miembros de la Cámara: “Este documento supone el compromiso de todos; supone implicación; un reto complejo que es incierto y habrá que evaluar de forma continua". Aquellos entusiasmos han quedado atemperados por el tiempo hasta el punto de que rara vez, y si no es para colocar al Gobierno en un brete, el Plan es mencionado en los debates públicos.

 

El Plan

Uno de los ejes sobre los que los redactores trazaron la solidez del plan aludía al potencial de demanda que Marruecos suponía para el comercio, los servicios y el turismo ceutíes. Este principio de acción, convertido apenas en un tópico ante las muy escasas medidas adoptadas desde entonces para concretarlo, se plasmaría, según el documento, a través de toda una serie de medidas entre las que ocupaban un lugar principal la modificación de la fiscalidad. La actualización de la normativa reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) sigue pendiente desde entonces para desesperación de los empresarios.

El documento citaba como una medida conveniente para propiciar el desarrollo de los servicios, el comercio y el turismo la aplicación de un tipo reducido del IPSI para determinados artículos. Tres años más tarde, el consejero de Economía de la época, Emilio Carreira, presentó un proyecto para que esos tipos reducidos sustentasen lo que llamó “productos gancho”, esto es, artículos cuyo precio constituyera un atractivo para potenciales visitantes. De aquel proyecto, que el Gobierno local defendió durante meses en vísperas de la celebración de las elecciones municipales, jamás se supo.

La ordenación de los Polígonos de El Tarajal era otro de los empeños plasmado por los autores del Plan en el documento. La normalización del cínicamente llamado “comercio atípico” exigía que se reclamase la implantación de una aduana comercial, que se demandase a la Administración central la mejora del funcionamiento del puente del Biutz y acometer toda una suerte de actuaciones urbanísticas en el entorno.

Desde que aquellas demandas quedasen reflejadas en el papel, la frontera de El Tarajal se ha convertido en el problema más acuciante para la economía y el día a día de los ceutíes.

La preocupación por el empleo también ocupaba un lugar preeminente en las 74 medidas que los redactores del documento consideraban necesario adoptar para fomentar la ocupación de los ceutíes. La lucha contra la economía sumergida, el combate contra el comercio irregular y el rediseño de los planes de empleo eran compromisos asumidos por el Plan. Este último empeño se enunciaba con una redacción anodina y escasamente comprometedora: “Concebir los planes de empleo como un recurso paliativo de carácter social, capaz, al mismo tiempo, de atender necesidades en beneficio de la comunidad, y que nunca pueda ser un factor que disuada la aspiración o búsqueda de otros empleos”.

Algunas medidas para la mejora de las comunicaciones con la Península, la solicitud de una adecuación del Régimen Económico y Fiscal Especial de la Ciudad y la creación de un observatorio dedicado a su correcta aplicación y diversas propuestas para promocionar el crecimiento del puerto completaban el redactado del documento.

A expensas de un análisis más riguroso, no parece que el mandato dado por la Asamblea con la aprobación del Plan haya tenido efectos apreciables en vísperas del comienzo el año 2017.

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