Los empresarios trabajan para propiciar la clarificación de la norma sobre las bonificaciones a la Seguridad Social
La CECE muestra su preocupación por la confusión creada tras los sucesivos decretos aprobados por el Gobierno y ante la falta de certezas sobre la continuidad del sistema
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), donde se integra la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), trabaja en las enmiendas que la patronal presentará para el desarrollo normativo del sistema de bonificaciones a la contratación en Ceuta y Melilla, reformado por segunda vez a través del decreto ley 2/2024. Esta norma incluye una disposición específica para el regreso al sistema de bonificaciones que se encontraba vigente antes del 1 de septiembre del pasado año, lo que supondría la vuelta de la ayuda fija del 50% sobre las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
La inquietud de los empresarios está alimentada por la volubilidad del sistema de bonificaciones y la falta de seguridad de que se mantenga en el tiempo con los beneficios que reportaba antes de su modificación. Con la entrada en vigor del real decreto 1/2023 el 1 de septiembre de 2023, el descuento del 50% vigente se sustituyó por un importe fijo de 262 euros al mes, condicionado al seguimiento de acciones formativas de 20 horas al año. Un escenario que el Gobierno de la Ciudad y los empresarios han juzgado siempre lesivo para los intereses de la economía local.
A las protestas de los empresarios, apoyados por la Ciudad y los sindicatos en el descontento por el nuevo modelo de ayudas, el Gobierno central reaccionó meses más tarde con la publicación en mayo pasado del decreto ley que deberá reponer el sistema del 50% de bonificación, una norma que no entrará en vigor hasta el 1 de noviembre. «Pero la reforma del modelo continúa vigente y sus perjuicios, también», se queja la presidenta de CECE, Arantxa Campos.
A día de hoy, los empresarios critican que, tras las sucesivas reformas, la regulación de las bonificaciones haya acabado por establecer distinciones entre los trabajadores en función de la fecha de la formalización de sus contratos. Así, el modelo primigenio se mantendría para todos aquellos que hubiesen firmado sus contratos antes del 1 de septiembre del pasado año, esto es, antes del cambio de sistema.
La situación de aquellos que fueron y serán contratados entre el 1 de septiembre y el próximo 1 de noviembre –fecha de la entrada en vigor del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mayo- resulta más compleja. El modelo que rige para estos trabajadores disuade a los empresarios de solicitar la bonificación hasta el punto de que, según CECE, apoyada en datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), solo 18 empresas ceutíes han solicitado la subvención.
Y quedan por considerar, en tercer lugar, los trabajadores que serán contratados desde el 1 de noviembre. La bonificación del 50% sí se aplicará en este caso a los contratos indefinidos y solo a algunos temporales. Los empresarios se quejan de que, sin embargo, siguen sin aclararse el régimen de exclusiones establecido por la norma anterior ni la obligación de garantizar una formación de 20 horas al trabajador ni las limitaciones impuestas al mantenimiento del empleo. Y, sobre todo, el modelo se mantendrá solo hasta que concluya la vigencia del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico impulsado por el Gobierno central para Ceuta, esto es, 2026.
Este último condicionante, el de la inseguridad sobre la vigencia del sistema, es uno de los aspectos más criticados por los empresarios. «Queremos que se contemple que el modelo se mantendrá hasta que no se den una serie de parámetros lógicos, es decir, hasta que no lleguemos al PIB de la UE o hasta que nuestra tasa de paro no sea igual que la de la Península: unos parámetros mensurables, no que sea el Gobierno el que decida», concluye Arantxa Campos.