La estrategia de vacunación frente a la covid-19 deja muy claro que ante la escasez de vacunas y durante los primeros meses la clave es priorizar. Por este motivo, el grupo de trabajo técnico formado por expertos elaboró una programación y estableció una primera etapa y cuatro grupos de población teniendo en cuenta principios éticos y criterios de riesgo. Ninguno de estos incluye a gestores, altos cargos o servidores públicos que únicamente tenían como obligación realizar un servicio de utilidad social que bajo ningún concepto conlleva ventajas o privilegios.
La vacunación del consejero de Sanidad y de otros trabajadores de la Consejería es una noticia de una dimensión incalculable porque estamos hablando de vidas humanas y de dosis limitadas. Estás personas se han vacunado contra el covid-19 dentro del primer mes de recepción de las vacunas, antes que, por ejemplo, todas las personas que trabajan en primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, antes que todos nuestros mayores que no están en residencias y que aún no se han vacunado, cuando siempre ha sido un colectivo muy cuidado y valorado por los distintos gobiernos de Vivas, o antes incluso que aquellas otras personas consideradas como grandes dependientes que no están institucionalizadas.
Estos días muchos se preguntan por qué el consejero no anunció que se iba a vacunar bajo el criterio de los técnicos, pero no lo dijo. Todo se hizo en silencio y quizá todavía sería un secreto si no hubiera pedido explicaciones el grupo político Caballas. Javier Guerrero compareció públicamente después de hacerlo, casi como a escondidas. Grave error.
Esta decisión de vacunarse es todavía más espinosa porque al mismo tiempo se están produciendo modificaciones en la planificación del suministro. Es decir, se están recibiendo menos dosis de las comunicadas inicialmente y con retraso en todo el país.
La situación epidemiológica actual también es otro motivo para priorizar siempre. Existen personas con un alto riesgo de enfermedad grave y de muerte, principalmente personas mayores, que están antes en el orden de vacunación que incluso algunos grupos y, por supuesto, que un político o el personal de una consejería por muy importante que sea la labor sanitaria que desarrolla, cosa que no se discute.
Son ya demasiados los políticos y directores de centros en España, y otros, además de un militar de alta graduación como el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que se han saltado el turno, pero todos han buscado la justificación que -explícitamente- tampoco viene en ningún sitio. Y al no haberla se puede decir que se han quedado con lo que no era suyo. La vacuna no era para ellos. Dimisiones se han producido pocas y varias por presiones; sin embargo, excusas hemos escuchado muchas y variadas, pero ninguna reflexión en voz alta sobre una cuestión vital y humana.
Es igualmente significativo el caso del director territorial del Ingesa en Ceuta, Jesús Lopera, que ni siquiera es el gerente de Atención Sanitaria del Hospital Universitario, y que se habría vacunado, según han publicado algunos medios de comunicación, aunque el Ingesa no confirma este extremo. Parece que la excusa es que está dentro del protocolo. ¿Qué protocolo? ¿Es acaso un gestor un trabajador de primera línea? Dos directores que sí lo son de hospitales, el de Basurto y Santa Marina, en Bilbao, han dimitido al saltarse los turnos. Siendo directores de centros hospitalarios nadie los considera personal de primera línea.
Es necesario que los ceutíes sepan quiénes se han vacunado cuando no les correspondía y quiénes han confundido, sin entrar en la buena o mala fe, obligación con privilegio. ¿Qué pueden pensar los familiares de las víctimas del covid en nuestra ciudad? No se deben dar pésames desde las instituciones día sí y día también para luego, a la hora de la verdad, ponerse una vacuna que era para otra persona. Porque las dosis no sobran, quienes sobran son los enfermos de covid que deberían estar inmunizados.
Los grupos de la Asamblea, todos sin excepción, deben pronunciarse y dar su aprobación a la creación de una Comisión de Investigación para saber en qué circunstancias se han vacunado el consejero y el personal de la Consejería de Sanidad, así como conocer el registro oficial de vacunaciones porque todavía puede haber alguna sorpresa.
Es una cuestión de transparencia en la gestión y también de ética. Y por supuesto, de respeto a todas las personas que de una u otra forma han sufrido o sufren el maldito covid. Y qué decir de quienes perdieron a un familiar o a varios. Conozcamos la verdad y depúrense responsabilidades.
