La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce abiertamente que los trabajadores temporales públicos deberían ser fijos si se encuentran trabajando en situación de abuso. En nuestro país, según los últimos datos de la EPA, cerca del 30% de los trabajadores públicos son interinos, casi un millón de trabajadores y trabajadoras. Una precariedad que afecta sectores tan relevantes como la educación y la sanidad, mermando su calidad y que además, imposibilita la planificación de proyectos de vida para todos estos profesionales.
Para abordar esta problemática, el Ministerio de Administraciones Públicas se reunió la semana pasada con las Comunidades Autónomas en conferencia interterritorial, donde las Ciudades Autónomas no están presentes, en la que se presentó el borrador con la nueva normativa para tratar el abuso de temporalidad en la contratación, con la que casi la mitad de las Comunidades Autónomas no estaban de acuerdo, y aun así el Gobierno lo llevará a cabo.
El Decreto Ley que será aprobado en Consejo de Ministros el 6 de julio, no cumple con los preceptos expuestos por las sentencias y la normativa europea, se limita más bien a evitar que se vuelva a producir la alta tasa de temporalidad, sin sancionar y solucionar el problema de los que ya se encuentran en esta situación de fraude, más allá de acordar una indemnización económica si pierden su puesto de trabajo mediante oposiciones de acceso libre.
Lo hace, además, mediante un decreto aprobado de urgencia sin llevarlo a debate al Congreso de los Diputados donde los distintos partidos podrían haber presentado contribuciones o alegaciones y someter a votación la nueva ley, quizás porque la hubieran perdido, por lo que podríamos calificar la medida como “decretazo”.
En el ámbito educativo en concreto, nos encontramos con una situación de injusticia para estos trabajadores y trabajadoras que lastra claramente la calidad de la educación en Ceuta, una ciudad necesitada de mayor inversión en esta área. Por ello, entendemos que la estabilidad de estos profesionales, además de reforzar el carácter público de nuestro sistema educativo, colaboraría en mejorar la calidad de este servicio público que se evidencia fundamental para luchar contra las desigualdades sociales.
Desde Caballas exigimos la búsqueda de una solución definitiva para los interinos e interinas de nuestra educación pública, es inadmisible que estén en una situación de fraude de ley y en una precariedad constante. Exigimos que dicha solución blinde las condiciones laborales de acuerdo a la aportación durante años de estos profesionales al sistema público educativo.
