El Gobierno de la Ciudad ha confesado a la dirección de Iniciativas para la Construcción y Obra Civil S.L. que carece de fondos para abonar la deuda que mantiene contraída con la empresa. Ésta es, al menos, la versión que ha hecho pública hoy la empresa, a la que la Ciudad tan sólo ha abonado 93.000 de los más de 700.000 euros ejecutados para la reforma de la antigua Facultad de Humanidades de Ceuta.
La dirección de la empresa denuncia a través de un comunicado que el impago ha llevado a la firma a una “situación límite” frontera con la ruina. Incoc recuerda que el interventor firmó la certificación correspondiente al mes de agosto, por un importe de 90.000 euros, el pasado 27 de noviembre. Aquél día un grupo de trabajadores protagonizó una concentración ante la oficina de Intervención.
“La empresa constructora ha sido víctima de las promesas realizadas por los representantes políticos de la Ciudad Autónoma, ya que confiando en la palabra de los mismos y cumpliendo con la parte correspondiente, reanudando los trabajos y ultimando los tareas pendientes de realizar, sigue sin cobrar las certificaciones pendientes”, se queja la dirección.
Incoc se queja de que la certificación correspondiente a septiembre, por valor de 190.000 euros, ni siquiera ha llegado a la tesorería. La constructora denuncia, además, que el retraso en los pagos ha llevado a la demora de algunos de los trabajos que se habían subcontratado.
El malestar en la dirección de la firma se ha materializado en su anuncio de que denunciará en los medios de comunicación nacionales los incumplimientos de la Ciudad. “para que las empresas que participen en los futuros trabajos a realizar en la Ciudad Autónoma de Ceuta sean conscientes de la situación a la que ha sido sometida, intencionadamente o no, nuestra empresa”.
Antecedentes
En el mes de octubre el presidente, Juan Vivas, visitaba junto al delegado de Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, las obras del futuro centro escolar anunciando la finalización de las obras para este mes de diciembre. Tan solo cinco días la empresa amenazaba con paralizarlas en caso de que la Ciudad no hiciera frente a tres certificaciones pendientes de pago. El Gobierno alegaba que se trataba de un retraso burocrático y negó cualquier problema de tesorería.
