La plaza de secretario general de la Dirección Provincial de Educación continúa siendo terreno vedado para los técnicos de la Administración General del Estado desde hace décadas. Los funcionarios afectados han denunciado la particular situación de unos trabajadores públicos que no pueden acceder desde hace años a una plaza que debería haber sido convocada de acuerdo a sus perfiles profesionales. La plaza ha sido cubierta en los últimos años en régimen de comisión de servicio y asignada en todas las ocasiones a personal docente, un perfil que los técnicos de la Administración General advierten de que no se corresponde con los requisitos que exige la legislación.
“La cobertura de esta plaza ha respondido siempre a criterios políticos y no profesionales”, denuncia el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Juan Carlos Pérez. El sindicato remitió semanas atrás un escrito a la Delegación del Gobierno por el que advertía su resolución de denunciar el caso a la Fiscalía si la plaza fuese adjudicada, de nuevo, a un docente en comisión de servicio. La encomienda del actual secretario general concluye el próximo día 31.
Los servicios jurídicos del sindicato mantienen que la cobertura reiterada de la plaza con funcionarios procedentes del cuerpo docente podría incurrir en un delito de prevaricación.
El secretario general de Educación ejerce como coordinador y jefe superior de los servicios administrativos de la Dirección Provincial y desempeña, entre otras, las funciones relacionadas con la gestión administrativa, económica y de servicios de la representación del Ministerio.
