El Gobierno impulsa convenios educativos y de inserción laboral con Ceuta y Melilla
El Consejo de Ministros autoriza compromisos de gasto futuros por más de 1,5 millones de euros para combatir el abandono escolar y fomentar la empleabilidad en ambas ciudades autónomas
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo que permite al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación del artículo 47 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria. Este paso permitirá la firma de convenios con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla destinados a desarrollar programas de compensación educativa e inserción laboral.
Los convenios contemplan acciones específicas dirigidas a jóvenes y adultos desfavorecidos, especialmente aquellos con dificultades de acceso al sistema educativo o en riesgo de exclusión social y laboral. Entre sus objetivos destacan:
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Garantizar la escolarización regular del alumnado en situación de desventaja social, ya sea por escolarización tardía, desconocimiento del idioma castellano, o condiciones personales específicas.
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Facilitar la reincorporación a la enseñanza básica o a la formación profesional de personas con escasa formación previa.
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Reducir el absentismo escolar en los entornos más vulnerables de Ceuta y Melilla.
El programa también busca que los beneficiarios adquieran competencias básicas y formación profesional inicial, con el fin de mejorar su empleabilidad. Además, se contempla la obtención de certificados de competencia (grado B) o micro acreditaciones (grado A) que validen sus conocimientos y habilidades en el ámbito laboral.
La inversión total asciende a 767.429,66 euros para Ceuta y 775.346,22 euros para Melilla. De estos montos, se imputarán 117.910 euros a cada ciudad en la anualidad 2026, sumando un total de 235.820 euros para ese ejercicio. Al no existir crédito inicial para esta aplicación presupuestaria en 2026, la autorización del Consejo de Ministros es imprescindible para habilitar el gasto.
Este esfuerzo conjunto entre el Gobierno central y las ciudades autónomas refuerza el compromiso con una educación inclusiva y una formación adaptada a las realidades sociales más complejas del país.