El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 ha dictado medidas cautelares contra una maestra de Infantil del Colegio San Agustín por un presunto delito de maltrato físico y psicológico. El auto prohíbe a la imputada comunicarse y acercarse a una distancia de 100 metros a los domicilios de los 7 menores a los que supuestamente maltrato física como psicológicamente.
El Juzgado ha tomado declaración a varios padres y madres, al director y al jefe de estudios del centro, así como a docentes e inspectores del Ministerio de Educación sobre este asunto. De todas las diligencias practicadas, según el auto, "existen indicios racionales de la comisión por parte de la maestra de un delito de maltrato habitual hacia los menores y de un delito contra la integridad moral. Todas las personas que han declarado, incluida la imputada, han reconocido como método de castigo hacia uno de los menores” introducirle en un cubo de basura donde únicamente se le veía la cabeza y un cubo del que los menores no podían entrar, ni salir sin la ayuda de un adulto.
El auto señala que el hecho de que el menor afectado haya asumido estos castigos como normales demuestra que no se produjeron sólo una vez “como sostiene la denunciada”. También se relata otro método de la maestra que consistía en atar al mismo niño a una silla de paseo de bebé cuando no obedecía. Asimismo, se hacen mención a otros tratos humillantes o degradantes hacia los menores llamándoles tontos, llorones o basura. El auto cuenta cómo la profesora llegó a amenazar al menor con introducirle en el cubo de basura “si volvía a vomitar el desayuno”, hecho corroborado por la madre.
La imputada ha negado las agresiones físicas como azotes en el culo, tirones de oreja o de pelo. Mientras que los menores y la técnica de apoyo habitual en el aula han reconocido estas agresiones.
Por otro lado, el auto critica la pasividad del centro escolar ya que el 17 de abril “la profesora sigue impartiendo clases con los mencionados menores” y cuando tuvieron conocimiento de los hechos sólo apercibieron verbalmente a la profesora y no comunicaron este incidente al Servicio de Inspección, llegando incluso a negarlo. La inspectora del colegio considera que “por parte del centro escolar ha habido omisiones importantes con el fin de proteger a la profesora”.
