Edificio de "El Amor Fraterno"/C.A.
“Lamentamos que se ponga ahora a los niños y sus padres -a quienes se acogió en su momento y se han mantenido durante este tiempo sin más motivo que la solidaridad cristiana- como excusa para mantener la ocupación de un edificio ajeno, contra la voluntad manifestada por su legítimo propietario”. Éste es el tenor literal del comunicado que la Pía Unión de la Fraternidad de Cristo ha hecho público para replicar al Gobierno de la Ciudad, con el que mantiene un litigio por la ocupación del edificio “Amor Fraterno”. El inmueble, propiedad de esta institución de la Iglesia católica, acoge desde hace siete años la guardería pública “Nuestra Señora de África”.
La entidad, representada por el Obispado de Cádiz y Ceuta, ha sido acusada por la Consejería de Educación de no respetar el contrato de alquiler que permitiría a la guardería abrir el curso escolar en el inmueble el próximo septiembre. La solicitud planteada por la Pía Unión a la Ciudad de que ha de abandonar los locales el próximo día 31 abre todo tipo de dudas sobre dónde iniciarán el curso los 110 niños matriculados.
En su comunicado, la institución sostiene que no puede hacerse responsable de la decisión adoptada por la Consejería de convocar el proceso de matriculación para la guardería “sin contar con un espacio alternativo a Amor Fraterno”, sobre todo, ante la inminencia de la finalización del contrato.
Pía Unión mantiene que hace más de dos años ya advirtió a la Ciudad de su propósito de poner fin al contrato de alquiler que, según precisa, fue suscrito en su día con carácter provisional y con la intención de atender la urgente necesidad de la Consejería de disponer de un local donde albergar la guardería. “Al tratarse de una realidad transitoria, se estipuló una pequeña compensación que no suponía en ningún caso una justa compensación, dado que la cesión hacía inservible el resto de la edificación para ejecutar cualquier proyecto independiente que pretendiera la propiedad”, continúa el comunicado. La institución religiosa asegura que la cuantía del alquiler percibido, 4.500 euros según informa la Ciudad, no cubre los gastos generados por la ocupación del inmueble.
La respuesta de la Ciudad, según detalla la nota de la Pía Unión, fue la de exigir la aplicación de una cláusula que establecía la prórroga del arrendamiento hasta el 31 de agosto de 2016. “De esta forma, una colaboración provisional, generosamente atendida por nuestra parte –aunque incómoda y antieconómica- que se inició por buena voluntad y con el deseo de ayudar a la Consejería de Educación, quedó sometida a las exigencias de los términos de un contrato”, lamentan los responsables de la entidad. La Pía Unión insisten, en contra de lo mantenido por la consejera de Educación, Mabel Deu, que no existe ninguna nueva prórroga que permita a la Ciudad continuar ocupando los locales.
Pese a todo, la Pía Unión se muestra abierta a abrir una negociación con los responsables municipales para intentar hallar una salida al contencioso “sin que sean perjudicados nuestros planes de actuación”.
