“¿Qué quiere que le diga? No”. El candidato al Senado por Vox, José María Rodríguez, ha respondido hoy de esta forma a la pregunta que le formulaba un periodista: “¿Tiene Vox algún problema con los musulmanes?”.
Rodríguez comparecía ante la prensa junto al candidato de la formación de extrema derecha al Congreso, Rafael Rodríguez, y el secretario general del partido, Carlos Verdejo, apenas 24 horas después de que Caballas registrara contra este último en el juzgado una querella criminal por la presunta comisión de un delito de injurias y calumnias. Verdejo publicó en sus redes sociales un mensaje en el que acusaba a la coalición liderada por Mohamed Alí de “colaborar” con el extremismo islamista. Alí solicitaba ayer mismo al resto de fuerzas políticas una actitud común frente al “ataque frontal” a la convivencia que suponen, a su juicio, las referencias de los dirigentes de Vox a la comunidad musulmana.
“No vamos a decir nada”, ha reiterado Verdejo hasta en tres ocasiones cuando ha sido preguntado por los periodistas. Más sorprendido se mostraba Rafael Rodríguez, quien, interpelado por la misma cuestión, respondía: “Que yo sepa no es contra mí, no sé de qué va esa demanda”.
Ha sido el candidato al Senado el único que ha dedicado algunas palabras a Caballas, a cuyos dirigentes ha calificado de “francotiradores”. “Van de jueces de la democracia en Ceuta, ellos sabrán por qué –ha protestado Rodríguez- Es un grupo que desde hace años sacada tajada de esto”.
Sanidad y educación
Los dos candidatos han presentado hoy sus propuestas en materia de sanidad y educación. Vox reclama la creación de una tarjeta sanitaria única, promete la elaboración de un estudio sobre las listas de espera, exige la apertura de una UCI pediátrica en el Hospital Universitario y asegura que alentará la creación de una clínica de radioterapia en la ciudad. “Éste es un asunto en el que me involucraré personalmente –ha asegurado Rafael Rodríguez- Es vergonzoso que no se instale la unidad de radioterapia por cuestiones economicistas”.
Vox también propone un sistema de enseñanza que salvaguarde los “valores constitucionales” con el castellano como único idioma “sin perjuicio de la utilización de las lenguas regionales”.
