La amenaza que pende sobre el futuro del área de embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar ha activado ya su cuenta atrás. Las instalaciones, indispensables para aliviar la densidad del tráfico rodado hacia la frontera de El Tarajal, cuenta con financiación para solo tres meses. El Gobierno de la Ciudad advertía a mediados de mes de que dejaría de mantener la zona de estacionamiento desde el próximo 31 de marzo si el Estado no abonaba los 7,2 millones de euros correspondientes a los convenios con los que se financia la producción de agua y los servicios que la Ciudad presta en el entorno de la frontera tendrá efectos colaterales.
La entrada del nuevo año acerca un escenario que muy pocos quieren imaginar. La determinación del Gobierno del país vecino de poner fin al tráfico de mercancías a través de la frontera ha venido a agravar la situación. Las estrictas medidas adoptadas para el control de los vehículos por las autoridades aduaneras marroquíes han generado ya colapsos de tráfico que pueden alcanzar una dimensión mucho mayor si el área de embolsamiento deja de estar en servicio.
Los populares de Juan Vivas, empeñado en su batalla contra el PSOE y en una progresiva aproximación a Vox, han encontrado en el futuro del estacionamiento de Loma Colmenar un argumento con el que erosionar la imagen del Gobierno central.
Paralelamente, el contencioso abierto entre Ciudad y Estado puede tener en los trabajadores que prestan servicio en el área de embolsamiento a sus primeras víctimas colaterales. En la actualidad, 35 operarios, contratados por la sociedad municipal Amgevicesa, ven con inquietud su horizonte laboral. UGT ya convocó el mes pasado una jornada de huelga, que finalmente suspendió, para exigir la estabilidad de los puestos de trabajo.
