Frontera

Entre la excepción y la regla: Ceuta frente a Schengen

Comisaria policia nacional puerto control embarque estación marítima
photo_camera Un agente, en el control fronterizo instalado en la Estación Marítima (C.A./ARCHIVO)

La posibilidad, abierta por el Gobierno de España, de que los marroquíes de las provincias limítrofes con Ceuta y Melilla deban disponer de visado para acceder a las dos ciudades españolas recupera un debate forzado por la crisis fronteriza.

El secretario de Estado para Asuntos Europeos, Juan González Barba, anunciaba esta semana en Ceuta que el Gobierno de España estudiaba “muy seriamente” acabar con la excepción al Tratado de Schengen acordada ya hace casi 30 años.

La adhesión de España al Tratado de Schengen en 1993 incluyó una declaración por la que se garantizaba el régimen de exención de visado para el pequeño tráfico fronterizo entre los dos enclaves españoles y las provincias de Tetuán y Nador. La buena vecindad obligaba a un gesto que garantizaba los vínculos de los pueblos situados a ambos lados de la frontera y los intercambios económicos que se establecían entre ellos.

Con el transcurso de los años, lo que en tiempos fue una modesta economía de supervivencia se convirtió en una enorme red de intereses que movía una ingente cantidad de recursos. El ya extinto “comercio atípico” convirtió el contrabando tolerado a través de la frontera en la primera actividad económica de las dos ciudades autónomas y de las provincias marroquíes limítrofes.

Los beneficios que reportaba el “comercio atípico” no escondían que aquel ingenio comercial erigido en los límites del contrabando ocasionaba, paralelamente, no pocos problemas. Atraídos por las oportunidades de empleo –precario, desregularizado, indigno en la mayoría de los casos-, numerosos marroquíes procedentes de otros lugares del país fueron emigrando a la provincia de Tetuán para registrarse como residentes, lo que les abriría las puertas a unos ingresos a los que no podrían acceder en sus lugares de origen.

 

Una propuesta que no es nueva

El anuncio del Gobierno de España llega en plena crisis diplomática con Marruecos, un año y medio después de que Rabat diera por sepultado el comercio atípico y con la frontera sometida a las restricciones de paso impuestas por la pandemia de coronavirus. Pero hubo un tiempo no muy lejano, en una coyuntura radicalmente distinta a la actual, en la que desde las instituciones ya comenzaban a oírse voces sobre la conveniencia de reconsiderar el régimen de exención de visado para los vecinos marroquíes.

En 2016, el por entonces delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, proponía reflexionar sobre la excepción a Schengen ante la necesidad de tomar medidas frente a lo que calificó como “exponencial crecimiento de la población” que había experimentado la provincia de Tetuán al reclamo del denominado “comercio atípico”. “La excepción al tratado de Schengen utiliza literalmente la expresión ‘en materia de pequeño tráfico fronterizo’, expresión que podía describir la situación en aquel momento temporal, difícilmente puede ser aplicable a la situación de hoy día”, subrayó el entonces el representante de la Administración Central en Ceuta.

Una vez que Marruecos mostró a finales de 2019 su intención de boicotear el “comercio atípico” al que hasta entonces había dado su bendición, el discurso del Gobierno de la Ciudad, en la línea abierta por Fernández Cucurull, comenzó a resonar menos ambiguo. Rabat se dedicaría durante esos meses y los siguientes a favorecer el caos en la frontera y, con él, una situación prácticamente ingobernable en la ciudad. La supresión de la excepción a Schengen parecía haber encontrado ya una justificación. Aunque la cuestión no resultaba tan sencilla.

 

La oposición de los empresarios

Aunque hasta la fecha las organizaciones empresariales ceutíes no han valorado públicamente la posibilidad de que las autoridades españoles vuelvan a exigir la acreditación del visado a los residentes en la provincia de Tetuán, todo parece indicar que una medida de este calado no será vista con buenos ojos. El endurecimiento de las exigencias para entrar a la ciudad a quienes constituyen una de las clientelas más apreciadas por comerciantes, hosteleros y restauradores de la ciudad no parece ser una buena noticia para el sector.

Ya en febrero del año pasado, y ante el debate abierto en torno a Schengen, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Ceuta emitían un comunicado conjunto en el que mostraban su rechazo a la eliminación de la excepción al Tratado y a la progresiva sustitución de mano de obra procedente del país vecino por trabajadores locales. Estas dos medidas figuraban en el plan propuesto por el Gobierno de la Ciudad para hacer frente a la crisis fronteriza abierta por Marruecos.

¿Qué consecuencias depararía una decisión que, sin ninguna duda, sería tomada como un gesto inamistoso por el Gobierno de Marruecos? El carácter impredecible de la política de Rabat respecto a España no permite aventurar conjeturas, aunque ya en mayo de 2020 algún periódico nacional publicaba que la respuesta de Marruecos sería cerrar las fronteras de Ceuta y Melilla.

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