Frontera

Financiación del área de embolsamiento de Loma Colmenar

Una cuenta atrás de 31 días

Área de embolsamiento de Loma Colmenar (C.A./ARCHIVO)
photo_camera Área de embolsamiento de Loma Colmenar (C.A./ARCHIVO)

El 31 de marzo, la Ciudad dejará de financiar el área de embolsamiento de Loma Colmenar si el Estado no le abona los 7,2 millones de euros que le reclama.

El estallido del contencioso suscitado por el impago de los 7,2 millones de euros que la Ciudad reclama al Estado podría empezar a tener consecuencias materiales a finales del mes que hoy comienza. El Gobierno local exigía a finales de año la renovación de los convenios que Madrid mantenía con Ceuta para financiar la producción de agua potable y los servicios que la institución municipal presta en el entorno fronterizo. En diciembre, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, advirtió de que, de no recibir ese dinero, su Gobierno dejaría de costear el área de embolsamiento de Loma Colmenar, una zona de estacionamiento de vehículos esencial para evitar colapsos en la 340, la carretera que conduce desde la ciudad hasta a frontera. La amenaza tenía una fecha de cumplimiento: el 31 de marzo.

Cuando Vivas pronunció su advertencia, todavía no podía llegar a calibrarse el alcance real que, llegado el mes en el que debería cumplir su amenaza, tendría la crisis fronteriza abierta por Marruecos. Hacía apenas dos meses que el país vecino había decidido de manera unilateral suspender el tránsito de mercancías a través de la frontera. El presidente no había empezado a calificar todavía la situación de la ciudad como de “emergencia nacional”, algo que empezaría a hacer semanas más tarde.

Si el 31 de marzo la Ciudad abandona a su suerte el área de embolsamiento, la fluidez del tránsito hacia la frontera no será la única víctima. Los 35 operarios contratados por la sociedad municipal Amgevicesa para prestar servicio en la explanada serán los primeros damnificados. UGT ya convocó en diciembre una jornada de huelga, que finalmente suspendió, para exigir la estabilidad de los puestos de trabajo. Ahora, a cuatro semanas de que el cierre de la financiación del servicio pueda convertirse en una realidad, se da por descontado que las movilizaciones serán inevitables si el Gobierno local deja de aportar los 750.000 euros con los que sostiene los gastos de una infraestructura que se ha revelado esencial para garantizar la fluidez en el tráfico hacia la frontera.

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