“Si existieran y se hiciesen públicos, se cortarían de inmediato; si existieran y no se hiciesen públicos, parecería que se da la razón a los que dicen que no existen”. El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, ha argumentado hoy de este modo ante la posibilidad de que las autoridades españolas y las marroquíes estén negociando para acordar medidas que ayuden a superar la crisis fronteriza. En su intervención en el acto celebrado esta mañana en el Palacio de la Asamblea con motivo del Día de la Constitución, Fernández Cucurull ha censurado a las fuerzas políticas que cuestionan la falta de diálogo entre ambos países para, inmediatamente, reclamarles “prudencia” y “discreción”. Según el delegado, este tipo de críticas hace un “flaco favor” a las vías que puedan establecerse para hallar una solución al problema dada la conocida actitud que Rabat mantiene con respecto a la apertura de contactos con las autoridades de la ciudad.
“El Gobierno de España está trabajando en ello, pero por razones que no creo que sea necesario ni prudente explicitar es indispensable, para el buen fin de la iniciativa, que se haga con el margen de discreción adecuado hasta que pueda dar sus frutos”, ha afirmado el delegado.
En su análisis, Fernández Cucurull ha advertido que la actividad económica de Ceuta no puede sostenerse sobre el principio de poner en riesgo las vidas de los porteadores y los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Por ello, ha reclamado la adopción de acuerdos bilaterales entre los gobiernos español y marroquí y el impulso de la acción coordinada entre el Estado y la Ciudad.
El recurso a los artículos 13 y 26 del Estatuto de Autonomía – que facultan a la Asamblea para pedir al Gobierno central la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley y para solicitar a Madrid la modificación de leyes y disposiciones generales aplicables a fin de adaptarlas a las peculiaridades de la Ciudad- es uno de los instrumentos que el delegado ha propuesto emplear en la tarea de afrontar los problemas generados en la frontera a los ciudadanos y la economía de Ceuta. Del mismo modo, el representante de la Administración General del Estado en Ceuta ha instado a renunciar a “posturas demagógicas y victimistas” que, según ha denunciado, persiguen utilizar la crisis en El Tarajal para obtener “rédito político o económico” a corto plazo.
