Frontex en Ceuta: una controvertida baza contra el hostigamiento marroquí

Un informe titulado "Frontex: el guardián descontrolado" cuestiona la gestión de la agencia europea, un instriumento que el Gobierno Sánchez estudia utilizar ahora en la crisis abierta por Marruecos con Ceuta como escenario.
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photo_camera Agentes portugueses, en el puerto de Ceuta (C.A./ARCHIVO)

La supresión de la excepción del Tratado de Schengen que permite acceder sin visado a Ceuta y Melilla a los marroquíes residentes en las provincias del país vecino limítrofes a las dos ciudades españolas. La posibilidad de abrir la puerta a la integración de Ceuta en la Unión Aduanera. El desarrollo de un plan estratégico orientado a mejorar los servicios públicos en la ciudad y a fomentar el crecimiento de la economía local.

La crisis diplomática entre España y Marruecos parece haber dispuesto al Gobierno español a avanzar en algunas de las iniciativas que durante largo tiempo han sido reivindicadas desde Ceuta.

Más allá del reajuste de Ceuta y Melilla en Schengen, la nueva vía abierta hacia la Unión Aduanera y la puesta en marcha de planes específicos para la ciudad, existe otra iniciativa amagada por el Gobierno de Pedro Sánchez como respuesta al órdago de Marruecos que, sin embargo, comporta algunas complejidades añadidas. El presidente español anunciaba esta misma semana que aumentar la presencia de la agencia europea de fronteras Frontex es “una opción que está sobre la mesa”.

 

Frontex y España

Un informe publicado por la Fundación PorCausa bajo el título “Frontex: el guardián descontrolado” ilumina el escenario en el que esta presencia de la agencia europea de fronteras en Ceuta se materializaría si, finalmente, el Gobierno español persevera en su intención.

El informe de La Fundación PorCausa subraya cómo el incremento de competencias de Frontex, unido a “un mandato más intrusivo y un nivel de ambición superior” ha ido tensando las relaciones entre España y la agencia.

Desde 2006, Frontex ha tenido presencia en España a través de tres operaciones conjuntas con la Policía Nacional y la Guardia Civil: Hera (iniciada en 2006 para frenar la llamada “crisis de los cayucos), Indalo (desplegada en el Mediterráneo Occidental) y Minerva (dispositivo policial cuyo objetivo reforzar las inspecciones en frontera en los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta para luchar contra la inmigración ilegal y otras manifestaciones de delincuencia transfronteriza, incluyendo la amenaza terrorista). Precisamente, la Operación Minerva se activaba este viernes con la participación de 19 países y 112 expertos.

Las disensiones entre España y Frontex, según explica el informe de PorCausa, se iniciaron el pasado enero cuando el Gobierno español mostró su reticencia a ceder el control de los operativos a la agencia. “Ante la insistencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil de coordinar los dispositivos desplegados en territorio español, Frontex amenazó con suspender sus actividades en el país”, detallan los autores del documento.

Uno de los motivos de discordia fue la negativa de España a permitir la instalación en su territorio de “puntos críticos” (hoststops) siguiendo el modelo creado por Grecia en Lesbos o Italia en Lampedusa durante la crisis de acogida de migrantes desatada en 2015.

 

Acusaciones contra Frontex

La lectura del informe “Frontex: el guardián descontrolado” no deja precisamente en buen lugar a la agencia europea que el Gobierno español pretende utilizar como réplica a la política de hostigamiento de Marruecos.

“Frontex atraviesa un periodo de crisis con un cuestionamiento externo y de la propia Unión Europea acerca de su organización, funcionamiento, liderazgo y control institucional”, sostiene PorCausa en el documento. La oenegé acusa a la agencia europea de “asumir funciones ejecutivas propias de los estados miembros” y de desarrollar su labor en los países de origen y tránsito migratorio “sin transparencia, adecuado control democrático y garantías para las personas migrantes”.

Las acusaciones de la Fundación PorCausa no paran aquí. La oenegé considera a Frontex cómplice de los lobbis que favorecen una industria dedicada al endurecimiento del blindaje de las fronteras, inductora de una mentalidad antimigratoria y seducida por la militarización fronteriza. Además, denuncia su inhibición ante operaciones de búsqueda y rescate de migrantes que se traduce en el incumplimiento de las obligaciones humanitarias que impone la ley del mar.