la movilización sorprende a los populares en una delicada coyuntura interna

El PP, frente al 22-M

Centenares de personas reclamarán hoy martes medidas para garantizar que la frontera, uno de los ejes de la economía local, deje de ser un lastre para el desarrollo de la ciudad. El PP afronta el malestar ciudadano en una delicada situación interna. 

manifestación 15-Marzo frontera
photo_camera Aspecto de la manifestación que recorrió las calles de la ciudad el pasado 15 de marzo (C.A./ARCHIVO)

La manifestación que esta tarde recorrerá las calles de la ciudad para exigir medidas que saquen a Ceuta de la crisis económica en la que se halla sumida no es una buena noticia para el PP. El concierto de voluntades tejido por los sindicatos y los empresarios para unir en una sola voz la reivindicación de toda la ciudad sorprende a los populares en una delicada situación.

Asediado por la proliferación de casos de corrupción y con el liderazgo de su presidente, Juan Vivas, cuestionado por primera vez, el PP trata de sobrevivir a una movilización que señala sin tapujos a la Ciudad y a la Delegación del Gobierno como responsables de la comprometida coyuntura económica que atraviesa Ceuta.

El PP ha tratado en los últimos meses de amortiguar el efecto de las protestas ciudadanas con promesas que contribuyan a mejorar su imagen ante los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Esta ofensiva se ha forjado a través del incremento de bonificaciones a los residentes. El aumento del 50% al 75% en las ayudas al transporte marítimo y aéreo, ya consolidadas en el trámite de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y la elevación hasta el 60% de la bonificación en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) son el principal alimento del argumentario que los populares emplean para contrarrestar las críticas a su gestión de la frontera y de la economía local.

Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno central, menos impactante que las anteriores, pasa por la reducción al 50% de la fiscalidad para las empresas del sector del juego “on line” que decidan implantarse en las dos ciudades autónomas.

A ojos de empresarios y sindicatos, las ayudas del Gobierno central a Ceuta no han conseguido ocultar las deficiencias que los agentes sociales atribuyen a la gestión de la administración municipal.

La demora en la reforma del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) o el secular retraso en la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) son factores que los empresarios señalan como perturbadores del funcionamiento de la economía local.

En lo que respecta al PGOU, el Colegio de Arquitectos se ha convertido en el principal inquisidor de la Ciudad. Los arquitectos sostienen que la crisis del sector se explica en buena parte por la falta de un planeamiento acorde a las necesidades de la ciudad y, como fenómeno más reciente, en la obstinación del Gobierno local de eludir la licitación pública a través del expediente de conceder los proyectos de obra a la sociedad estatal Tragsa.

Mientras, los datos sobre el Producto Interior Bruto (PIB) señalan a Ceuta como el territorio español que experimentó el menor crecimiento durante 2017.

La actitud de los responsables municipales continúa siendo displicente hacia las muestras de malestar de la población. Hace poco más de dos meses, un día después de la manifestación celebrada el 15 de marzo, el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, no dudaba en desacreditar de una manera pretendidamente sutil la movilización. “¿Nos interesa que Ceuta muestre sus debilidades ante terceros?”, se preguntaba el consejero en referencia a las autoridades marroquíes.

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