En el pleno del mes de enero del pasado, el Gobierno local expuso una serie de medidas encaminadas a combatir el fraude y a mejorar las condiciones en la que los porteadores cargan a diario los fardos con el objetivo de que fuesen asumibles los mismos.
En aquella ocasión y con el paso de El Tarajal II sin estar en funcionamiento, el Ejecutivo de Vivas no tuvo ningún tipo de problema a la hora de reconocer que era -aún lo sigue siendo- "un problema que nos supera".
Susana Román, entonces portavoz del Gobierno, el control se iniciaría en el Puerto, lugar en el que se analizarían los camiones que transportan las mercancías. El control, que se llevará a cabo por trabajadores portuarios, se extendería hasta los polígonos de El Tarajal. En esa zona existirá otro personal encargado de la supervisión de las naves consignas.
Otra de las medidas era la de que un grupo de policías se encargarían de controlar las licencias y ordenanzas de las naves allí establecidas.
Doce meses después, el balance no deja lugar a dudas. Los comerciantes de los cuatro polígonos encuadrados en el de El Tarajal siguen quejándose de la existencia de las naves consignas y de que el “bulto ilegal” supone una competencia desleal que está acabando con su actividad y, además, está incidiendo de manera especial en la situación del comercio local. Han sido varias las manifestaciones de protestas y en estos momentos tanto la Cámara de Comercio como la Confederación de Empresarios, junto a UGT y CC.OO siguen recogiendo firmas para exigir al Gobierno soluciones para la frontera de El Tarajal
Es innegable que el principal problema arranca con el control en la entrada de mercancías por el puerto. Todas las partes implicadas han reconocido que la existencia de un gran fraude en este apartado.
Tanto es así, que el Partido Popular presentó una enmienda a los Presupuestos para recoger una partida de 400.000 euros destinada a la lucha contra el fraude fiscal. La misma irá destinada a la contratación de seis personas para reforzar el PAT del puerto y las labores de vigilancia fiscal. Además, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en un encuentro con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, solicitó a éste refuerzos para la delegación de la Agencia Tributaria de Ceuta. Todo con el objetivo único de buscar soluciones que acaben con los problemas que padece el comercio local y el atípico.
Lo último al respecto ha sido la constitución y puesta en marcha del Observatorio del Comercio, un foro en el que están representadas las instituciones, los agentes sociales y empresariales de la ciudad. Con esta nueva herramienta, el Gobierno de Juan Vivas pretende buscar también soluciones a los problemas citados.
