Inmigración

116 migrantes saltaban la valla; un día después, el Gobierno de Pedro Sánchez ordenaba su repatriación

Un año del viaje exprés del Gobierno del PSOE al otro lado: el salto del 22 de agosto

El 22 de agosto de 2018, 116 migrantes lograban franquear la valla fronteriza de Ceuta. Un día después, el PSOE ordenaba la repatriación exprés del grupo obviando el que hasta entonces había sido una de las referencias de su política migratoria: el rechazo a las devoluciones en caliente. 

No había transcurrido un mes desde que 602 jóvenes subsaharianos lograran franquear la valla fronteriza.  Los centenares de fieles musulmanes que participaban en el rezo de la Pascua del Cordero aquel 22 de agosto de 2018 en la explanada de Loma Margarita comenzaban a abandonar el recinto cuando, de improviso, vieron cómo una multitud bajaba a la carrera en dirección a Benítez. Eran los 116 migrantes que apenas minutos antes habían saltado la valla en el tramo que discurre por Finca Berrocal para entrar en la ciudad. El grupo tendría el dudoso honor de integrar el contingente que un día más tarde protagonizaría la primera deportación masiva y exprés acordada por los gobiernos de España y Marruecos.

El día 23, pasadas las cuatro de la tarde, el Ministerio del Interior confirmaba en un comunicado que había dado instrucciones para forzar el retorno de todos los migrantes que habían entrado en Ceuta el día anterior. Interior amparaba su resolución en el acuerdo bilateral suscrito con Marruecos 26 años atrás. El acuerdo al que recurrió el Gobierno, y que había dormido el sueño de los justos durante un cuarto de siglo, fue suscrito el 13 de febrero de 1992 por el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera Cuesta, y su homólogo marroquí, Driss Basri. Según el pacto, las autoridades fronterizas de Marruecos readmitirían "a los nacionales de terceros países que hubieren entrado ilegalmente" en territorio español.

Aquella decisión que tan poco se compadecía con las propuestas en política migratoria que hasta ese momento había defendido el PSOE, traería consigo dos convulsiones públicas. Por un lado, la protagonizada por los partidos políticos, que encontraron en el salto de la valla un motivo para la agitación y el enfrentamiento; por otro, las irregularidades registradas en el procedimiento de expulsión que en los días sucesivos se irían desvelando.

 Apenas tres horas después de la entrada de los migrantes en la ciudad, el líder del PP, Pablo Casado, levantaba el teléfono para llamar a su correligionario, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. Casado y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya habían visitado la ciudad hacía apenas un mes tras el salto protagonizado por 602 jóvenes. Ambos inauguraron en el perímetro fronterizo de Ceuta una tribuna para utilizar como escenario en los telediarios nacionales. La emergente Vox también se sumó al coro de las imprecaciones al Gobierno con el discurso “trumpiano” de su secretario general, Javier Ortega Smith, y su insistencia en la monomanía de levantar un muro en la frontera.

La posición del PSOE no mejoraría en los días sucesivos. Los abogados que asistieron a los migrantes expulsados pusieron en duda la legalidad del procedimiento y, de inmediato, empezaron a formalizar recursos de alzada contra la devolución. “Cuando llamaron creía que lo que se pretendía era un trámite rápido para enviar a los extranjeros a la Península; lo que nadie pensó es que la devolución se iba a producir a Marruecos”, llegó a reconocer la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas.

Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) manifestaban su “preocupación” compartida por la devolución. Ambas organizaciones consideraron que un procedimiento como el aplicado, que permitió deportar a más de un centenar de extranjeros en apenas 24 horas, ponía en riesgo los derechos de los afectados.

El tiempo, sin embargo, sosegó las aguas hasta el punto de que nadie pareció reparar en las propuestas sobre inmigración que el PSOE incluyó en el programa con el que se presentó a las generales del pasado mes de abril. El documento defendía la modificación de la disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadanas que avala las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.

Ha pasado un año.

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