Cinco asociaciones acusan al Gobierno español de no dar una respuesta humanitaria a la crisis

Elin, No Name Kitchen, Apdha, Solidary Wheels y Maakum afirman que se han vulnerado los derechos legales de los migrantes, que, según sostienen, han recibido una asistencia sanitaria insuficiente.

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photo_camera Migrantes y policías, en la playa de El Tarajal (C.A.)

Las entidades Elin, No Name Kitchen, Apdha, Solidary Wheels y Maakum han emitido un comunicado conjunto en el que acusan al Gobierno español de no haber accionado una respuesta humanitaria a la crisis abierta esta semana en Ceuta con la entrada en la ciudad de miles de migrantes.

Según los activistas, los heridos han recibido una atención insuficiente, no se han garantizado las medidas sanitarias a las que obliga la situación de pandemia y se ha propiciado el hacinamiento de miles de personas “completamente desinformadas”.

Además, los firmantes del comunicado acusan a las fuerzas de seguridad de conducirse con violencia y emplear material antidisturbios “de manera desmedida e innecesaria”.

“Los acontecimientos se han desarrollado en una vorágine de caos y vulneraciones que, entre otras consecuencias, se ha saldado con la devolución a Marruecos de casi 5.000 personas, sin que hayan existido procesos individualizados en los que se otorgase asistencia letrada, traducción y la cobertura de necesidades básicas”, se quejan los activistas. Las asociaciones aseguran que se ha devuelto a Marruecos a personas que habían manifestado su intención de pedir asilo o, incluso, que ya lo habían tramitado.

Las cinco entidades han reclamado garantías para la asistencia jurídica, letrada y personal de los migrantes y para la seguridad de los menores no acompañados. Además,  exigen la condena de los discursos de odio y la creación de vías legales y seguras para las migraciones.

Los activistas plantean la necesidad de establecer un sistema de solidaridad entre las comunidades autónomas para la acogida de migrantes, de sensibilizar a la sociedad civil frente al fenómeno migratorio  y modificar la política de externalización de fronteras. “La entrega de 30 millones de euros como partida inicial para el cierre y contención de la frontera podría, alternativamente, ser destinada a acoger dignamente y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales que toda persona tiene”, concluye la nota.