El secretario general y portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, Edmundo Bal, considera "inaceptable" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justifique en un acuerdo bilateral con Marruecos la devolución de menores desde España al país magrebí y ha afirmado que deberá dimitir si la Justicia se pronuncia en contra de esta actuación del Gobierno.
En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, le han preguntado a Bal si Grande-Marlaska debería asumir responsabilidades políticas en el caso de que los jueces de Ceuta que analizan los recursos presentados por supuestas vulneraciones de derechos de algunos de los menores decidan suspender su repatriación.
El dirigente de Cs ha respondido que, "evidentemente", el ministro deberá dejar su cargo si eso ocurre, y ha añadido que Grande-Marlaska ha acumulado "innumerables desaciertos" desde el comienzo de su mandato.
Lo de los menores marroquíes "es la gota que colma el vaso", ha concluido Bal, que cree que ha habido "infracciones de los procedimientos administrativos" y ha criticado que Grande-Marlaska pretenda "quitarse el problema de en medio echándole la culpa" al Gobierno de Ceuta. "¿La repatriación de personas en el ámbito nacional va a ser competencia de una ciudad autónoma? ¿Pero a quién pretenden engañar?", ha preguntado.
Además, ha calificado de "aberrante" e "inaceptable" que el ministro dé una explicación "absolutamente peregrina" defendiendo que la expulsión de España esos niños y adolescentes que entraron masivamente y de forma irregular en Ceuta el pasado mayo está respaldada por un acuerdo con Marruecos.
Esto implica decir que ese acuerdo "permite las devoluciones a lo bruto", pero si fuera así, "sería inconstitucional", ha advertido el también portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados. Tras recordar que España tiene un sistema jurídico avanzado que reconoce "el derecho a la tutela efectiva y el interés superior de la protección del menor", ha rechazado la interpretación "completamente interesada y absolutamente errónea" del Ministerio.
"Es irrisorio que traten de convencernos de que es posible, mediante un convenio internacional, expulsar a personas sin darles derecho a audiencia, sin intentar encontrar a sus familiares, sin nombrar a un defensor judicial en el caso de que haya que proteger el interés del menor porque sea contradictorio con el de sus familiares, sin informes de los servicios de protección social y sin intervención del Ministerio Fiscal", ha manifestado.
