Cerrado el reparto de 200 menores procedentes de Ceuta mientras el Ministerio prepara un protocolo para futuros nuevos casos

Las comunidades han acordado en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales acoger a 200 menores procedentes de Ceuta. El Ministerio diseñará un modelo de atención compartido por todos los territorios para futuros nuevos casos.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (MONCLOA)
photo_camera La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (MONCLOA)

El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha aprobado este martes  la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para que las comunidades autónomas acojan a 200 menores extranjeros tutelados por la Ciudad de Ceuta.

Estos menores, todos ellos acogidos antes de la entrada masiva de migrantes de hace una semana, serán distribuidos entre los distintos territorios peninsulares conforme a las siguientes cuotas: Madrid (20), Galicia (20), Castilla-León (18),  Cataluña (15), Castilla-La Mancha (14), Comunidad Valenciana (13), Andalucía (13), Baleares (11), Asturias (11), Extremadura (11), Aragón (9), País Vasco (8), Cantabria (7), Murcia (7), Navarra (6) y La Rioja (17).

Pese a que este es el reparto final, La Rioja acogerá únicamente, en atención a sus actuales capacidades, 5 de los 17 menores que le corresponden de acuerdo a los criterios utilizados. Los otros 12 los asumirá solidariamente la Comunidad Valenciana.

“Las comunidades están demostrando una altura política y una enorme responsabilidad para afrontar una crisis humanitaria que no tiene precedentes”, ha celebrado la ministra de Derechos Sociales y Agencia 2030, Ione Belarra.

 

Criterios

El criterio de partida que se aplicará para la distribución de los menores, aprobado también en el Consejo, es el de la población de cada comunidad, un criterio que será ponderado con arreglo a dos circunstancias: la situación económica y la tasa de paro. Así, las comunidades que se encuentren en una mejor situación económica y laboral recibirán un mayor porcentaje de menores.

Al tiempo, también se tendrá en consideración el esfuerzo que cada comunidad ha asumido en la labor de acogimiento de estos menores. Así, la oferta solidaria que algunas de ellas han realizado ya para atender a menores procedentes de Canarias también adquiere peso a la hora de establecer el reparto.

Las comunidades que actualmente tienen acogidos menos menores en proporción a su población recibirán más niños ahora.

Atendiendo a estos criterios, el 25% de las plazas se han repartido en proporción a la población total de cada comunidad. Otro 25% se ha asignado conforme a la mejor situación económica y laboral (12,5% renta per cápita y 12,5% tasa de paro). Para la distribución del 50% restante se ha tenido en cuenta a las comunidades que en el segundo semestre de 2020 tenían acogidos menos menores migrantes no acompañados (en función a su población), añadiendo para este cálculo la oferta para acoger menores de Canarias.

 

Financiación extraordinaria

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aportará cinco millones de euros de su presupuesto, dotados mediante un crédito extraordinario aprobado hoy por el Consejo de Ministros, para contribuir a la financiación de estos traslados.

De esta cantidad, 500.000 euros corresponderán a Ceuta para la atención de las necesarias obligaciones derivadas de los traslados y el acompañamiento socioeducativo de las personas menores de edad hasta sus nuevas residencias en la península. El resto se distribuirá entre las comunidades autónomas en proporción al número de niños y adolescentes que acojan.

La ministra Belarra ha defendido la necesidad de disponer de una  estrategia estable que no requiera estudiar una reacción diferente en cada caso” y que quede encarnada en criterios consensuados y estables de derivación, protocolos de actuación y un modelo compartido de atención.

El Observatorio de la Infancia ha trabajado en los últimos meses en el diseño de un modelo compartido. Partiendo de estos trabajos, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado que impulsará en el seno de la Comisión Delegada de Servicios Sociales un acuerdo con todas las administraciones implicadas que pueda presentarse al Consejo Territorial en el plazo de dos meses para su discusión y, si procede, aprobación.

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