Los nueve acusados fueron condenados a 18 meses de prisión

El cumplimiento de las penas impuestas a los migrantes del salto de julio de 2018, en manos del TSJA

La Audiencia Provincial ha notificado hoy el fallo hecho público el pasado día 15 por el que se rechaza la suspensión de las penas. La resolución es recurrible ante el TSJA, que deberá pronunciarse si la sentencia se impugna. 

migrantes juicio salto 26 julio
photo_camera Los condenados, durante la vista (C.A./ARCHIVO)

La ejecución de la pena de 18 meses de prisión a los que la Audiencia Provincial condenó in voce el pasado día 15 a nueve de los 602 participantes en el salto masivo de la valla fronteriza registrado el 26 de julio de 2018 está ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Audiencia ha notificado a las partes su fallo, que podrá ser recurrido en el plazo de diez días ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

Los migrantes fueron condenados por un delito de daños agravados, que comporta una pena de un año de prisión, y desórdenes públicos, que añade otros seis meses a la anterior. Los nueve condenados deberán, además, abonar una multa de tres euros diarios durante un mes por la comisión de 18 delitos de lesiones leves cuya concurrencia el tribunal consideró probada. Además, deberán afrontar el pago de indemnizaciones por un valor que alcanza los 26.167 euros para cubrir los daños ocasionados a los guardias civiles al material y por los desperfectos causados en la valla.

La Audiencia rechazó la petición de la defensa de dejar en suspenso la ejecución de las penas de prisión. La misma ha anunciado en sala que presentará un recurso de suplicación ante la Audiencia Provincial, por lo que los condenados no entrarán en prisión hasta que no se resuelva el mencionado recurso. 

La Delegación del Gobierno calificó el salto del 26 de julio como el más violento registrado nunca en la frontera ceutí. Las autoridades españolas hablaron del empleo de cizallas, palos, piedras, espráis utilizados a modo de lanzallamas, bolas de excrementos y cal viva que, presuntamente, los migrantes habrían utilizado contra los agentes de la Guardia Civil.