EXPULSARá, SI PROCEDE, A QUIENES LOS ACOGEN

La Delegación del Gobierno juzga como un "peligro potencial" las consecuencias de escolarizar a niños extranjeros sin residencia

Las mayoría de la veintena de niños extranjeros a los que la asociación Digmun impartía clases fuera del sistema no serán escolarizados. Las autoridades españolas consideran que aceptar la escolarización de los no residentes situaría a Ceuta y a su sistema educativo en una situación "potencialmente peligrosa".

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photo_camera Aula vacía en un centro educativo de la ciudad/ ANTONIO SEMPERE

La Dirección Provincial de Educación no escolarizará a los niños extranjeros que no puedan acreditar su residencia en Ceuta. La determinación de la Delegación del Gobierno de no sentar un precedente que aliente la llegada de menores procedentes del país vecino impedirá que la mayor parte de los niños marroquíes cuyo acceso a las aulas se estudia en estos días vean su solicitud estimada.

De hecho, la Delegación del Gobierno ha informado a la Fiscalía de que la mayoría de los niños extranjeros cuya escolarización ha sido solicitada se encuentran bajo tutela de adultos que no disponen de ningún título legal sobre los menores. Las autoridades españolas han llegado a mostrar su disposición a promover los procedimientos de expulsión que correspondan para los casos en los que estas personas se encuentren en situación irregular en España. “Estamos para cumplir y hacer cumplir la ley”, ha advertido el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull.

Hasta la fecha, las autoridades educativas han aprobado la escolarización de ocho de los veinte  pequeños a los que voluntarios de la asociación Digmun impartían clase fuera del sistema. El criterio utilizado para excluir al resto, avalado por los servicios jurídicos del Estado, se funda en que en ninguno de los casos se ha podido acreditar la residencia, aun irregular, de los menores en la ciudad.

Según sostiene la Delegación del Gobierno,  los documentos aportados por Digmun para probar la residencia de los pequeños no resultan admisibles. La pretensión de la asociación de que se considerara la kafala, institución del derecho islámico que contempla el acogimiento de un niño por personas distintas a sus progenitores, no ha sido aceptada. Los juristas de la Administración Central consideran que tal figura carece de cualquier efecto en el ordenamiento jurídico español.

 

“Peligro potencial”

La tesis defendida por las autoridades españolas es la de que aceptar la escolarización de cualquier niño marroquí que consiga acceder a la ciudad colocaría a Ceuta y a su sistema educativo en una situación “potencialmente peligrosa”. Así lo ha subrayado esta mañana el delegado del Gobierno, quien ha recordado que la posibilidad que se ofrece a cualquier residente en la provincia de Tetuán de entrar en la ciudad sin visado obliga a las autoridades españolas a ser “muy cuidadosas”.

“Hay que pensar en las consecuencias de las decisiones que se adoptan, y yo he pretendido ser particularmente prudente”, ha confesado Fernández Cucurull.

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