El partido Por un Mundo más Justo (PUM+J) ha denunciado al Gobierno español ante la Comisión Europea por las devoluciones exprés a Marruecos de 169 migrantes que lograron entrar el pasado año en Ceuta y Melilla. Los denunciantes cuestionan la legalidad del procedimiento seguido por Madrid para las expulsiones de 114 personas desde Ceuta el 23 de agosto y de otras 55 devueltas desde Melilla el 21 de octubre.
El partido sostiene en su denuncia que los migrantes no tuvieron acceso a intérprete, no obtuvieron una asistencia legal suficiente y fueron expulsados sin posibilidad de recurso en una decisión que se adoptó con carácter inmediato. “Queremos dejar clara la hipocresía que conlleva vestir como legal un proceso que apenas duró unos minutos", ha criticado el portavoz del partido, Alejandro Plans.
La decisión de PUM+J de recurrir a la Comisión Europea ha estado condicionada, según explican los portavoces de la formación, al hecho de que una acción legal ante un tribunal español exige contar con el apoderamiento legal concedido por alguno de los afectados para actuar como letrado en su nombre. La formación sostiene que no se permite a las víctimas de las expulsiones apoderar a ningún abogado cuando son atendidas.