La madrugada del 29 de septiembre de 2005 morían a tiros cinco personas en su intento de franquear la valla de Ceuta. Los fallecidos formaban parte de un grupo de 600 migrantes que participaron en un intento conjunto de superar los obstáculos dispuestos en la frontera para impedir la inmigración ilegal. Dos de los muertos cayeron abatidos en territorio español, los otros tres, en el marroquí.
Las muertes de los cinco extranjeros expusieron ante la opinión pública el drama humano que los años posteriores no hicieron sino evidenciar con mayor claridad.
Una situación similar se había vivido hacía apenas 24 horas en la valla de Melilla, donde 400 personas participaron en un intento por superar la valla fronteriza que separa España y Marruecos en la localidad. El fenómeno no era nuevo y, ante su reiteración, las autoridades españolas decidieron reforzar la vigilancia en los perímetros fronterizos con la presencia de personal militar.
Los responsables del Gobierno español, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, negaron la implicación de sus policías en el incidente. De hecho, un informe del Cuerpo Superior de Policía llegó a señalar que algunos de los agentes destacados aquella madrugada en la valla observaron cómo gendarmes marroquíes hacían uso de sus armas de fuego.
Transcurrida una década, la conculcación de los derechos humanos en el entorno de la valla fronteriza continúa siendo motivo de denuncia entre las organizaciones humanitarias. Apenas nueves años después de aquellos sucesos, 15 personas fallecían en la valla ceutí tras un nuevo intento por acceder a territorio español.
