La asistencia letrada a los 116 migrantes que el pasado 23 de agosto fueron devueltos desde Ceuta a Marruecos fue “un trámite meramente formal”, según considera un informe elaborado por el Defensor del Pueblo parte de cuyo contenido ha revelado hoy el diario El País.
El documento mantiene que no existe constancia de que las personas expulsadas fuesen informadas de que Marruecos acabaría siendo su destino y mantiene que los migrantes mantenían la creencia de que, con el tiempo, serían trasladados a la Península.
Tras las quejas planteadas por los abogados que asistieron a los migrantes, varias oenegés formularon una denuncia ante el Defensor del Pueblo, al que instaron a investigar las condiciones en las que se produjeron las expulsiones, amparadas en un convenio bilateral suscrito con Marruecos en 1992 y que nunca había sido aplicado.
Desde entonces, el convenio ha sido aplicado en otras dos ocasiones, ambos casos en Melilla: el sábado eran devueltos 24 migrantes que el día anterior habían alcanzado las islas Chafarinas; ayer lunes, un contingente de 55 extranjeros, parte del grupo de 209 que franqueó la valla fronteriza melillense el domingo, eran entregados a las autoridades marroquíes.
