La escena de un grupo de guardias civiles entregando a dos jóvenes subsaharianos a las fuerzas de seguridad marroquíes en la valla fronteriza, aunque registrada durante la madrugada de ayer martes, remite al pasado octubre. Hace poco más de un mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaba una sentencia que ponía en evidencia la práctica de las devoluciones en caliente o, en la terminología empleada por el Gobierno, los rechazos en frontera. La resolución concluía cómo la entrega a Marruecos de una maliense y un costamarfileño que habían conseguido pisar suelo español tras franquear la valla vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“No se comete ninguna ilegalidad”, sentenciaba ayer mismo el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al ser interpelado por los periodistas sobre los sucesos de la madrugada del martes en la valla ceutí. La réplica de Zoido resulta escrupulosamente coherente con la política migratoria que el Gobierno ha venido defendiendo a lo largo de los últimos años. El pasado día 8, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, anunciaba en el Senado que el Gobierno recurriría la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos.
La Justicia europea no ha sido la única admonición que ha recibido el Gobierno en los últimos tiempos. También en octubre, Naciones Unidas instaba a España a renunciar a la práctica de las devoluciones en caliente. El requerimiento fue formulado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.
La política estatal de contención de los flujos fronterizos en las dos ciudades autónomas, mantiene alerta a los gobiernos municipales de Ceuta y Melilla. Los presidentes Vivas e Imbroda temen la presión que supondría para dos ciudades con recursos y capacidades limitadas el incremento de la población derivado de la entrada de extranjeros. Su satisfacción por la práctica sistemática de las devoluciones en caliente se torna inquietud ante la idea de que, finalmente, España se viera obligada a suspenderlas tras la resolución del TEDH.
Los gobiernos locales de ambas ciudades ya alertaron en su día de que, sin el controvertido sistema de control de accesos que suponen las devoluciones en caliente, el Gobierno no tendría más remedio que permitir el libre tránsito de los migrantes hacia la Península para evitar concentraciones de migrantes difíciles de manejar en Ceuta y Melilla.
Asilados y menores
Pero no es la de las devoluciones en caliente la única llamada de atención que el Gobierno español ha recibido de los tribunales en el transcurso de las últimas semanas.
El pasado día 10, medio centenar de migrantes asiáticos abandonaban la concentración de protesta que durante casi un mes habían mantenido en la Plaza de los Reyes. Los concentrados reclamaban el derecho de desplazarse hasta la Península que las autoridades reconocen a sus compañeros subsaharianos del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Un par de semanas antes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) reconocía en una resolución el derecho que asiste a los solicitantes de asilo a circular por el territorio nacional. Las oenegés reconocían a al menos dos de los cincuenta asiáticos de la Plaza de los Reyes las condiciones requeridas para convertirse en solicitantes de asilo.
El último de los frentes en materia de regulación de los derechos de los extranjeros se abrió a finales de octubre en el Congreso. En aquella fecha, el pleno de la Cámara aprobaba una proposición no de ley para permitir el traslado de los menores extranjeros no acompañados desde Ceuta y Melilla hacia la Península siempre que la medida atendiera al interés superior de los niños y adolescentes. La proposición, de carácter no vinculante, planteaba una reforma legal para que ningún menor que disponga de documentación acreditativa haya de someterse a ningún procedimiento de verificación de edad.
