El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha pedido a España información sobre la falta de un protocolo para las fuerzas policiales en Ceuta y Melilla que ponga fin a la devolución sumaria de los migrantes interceptados cuando intentan saltar las vallas, una práctica que conforme explica, no está avalada por la nueva regulación de la Ley de Extranjería, es contraria al ordenamiento jurídico internacional y se sigue produciendo pese a las advertencias de esta y otras instituciones, informa Europa Press.
“Dada la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en juego, me gustaría que me proporcione más información sobre la postura de las autoridades en torno a la adopción de un texto que regule el trabajo de las fuerzas policiales en las fronteras de Ceuta y Melilla. Además, reitero firmemente que la práctica de expulsiones sumarias debe detenerse”, dice la misiva.
En la carta, Muiznieks recuerda que ya en enero de 2015, cuando visitó Ceuta y Melilla, apercibió al Gobierno de que “al margen de los retos que la gestión de los flujos de migración puede suponer en ciertos contextos, España debe cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, en particular los asumidos en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados”.
Conforme detalla, volvió a reiterar esta posición en febrero de 2016, cuando ya estaba en vigor una enmienda a la Ley de Extranjería que creaba el “rechazo en frontera”, la nueva figura jurídica según la cual, los migrantes interceptados en las fronteras podrán ser rechazados siempre y cuando se haga “respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”.
A juicio del Comisario, esa disposición “no proporciona garantías claras en la devolución ni frente a las expulsiones colectivas ni en el respeto al derecho de toda persona a solicitar y obtener asilo independientemente de la forma en que llegue al territorio español”. Por ello, pidió a España en febrero de 2016 que adoptase “un marco procedimental para garantizar que las fuerzas policiales de frontera tienen instrucciones claras” al respecto.
En concreto, reclamaba, en línea con las recomendaciones del ACNUR y del Defensor del Pueblo, la adopción de un protocolo que clarificase a las fuerzas policiales “cómo manejar los flujos migratorios mixtos en pleno cumplimiento de los Derechos Humanos” y cómo aplicar ese respeto al derecho de asilo y las obligaciones internacionales de España de las que habla la mencionada reforma de Extranjería.
“Sin embargo, hasta donde yo sé, no se ha adoptado ni hecho público todavía tal marco procedimental. Esto es tanto o más preocupante para mí que el hecho de que, según me han informado, en la práctica han tenido lugar en varias ocasiones en Ceuta y en Melilla, sobre todo desde finales de 2015, expulsiones de personas sin ningún tipo de procedimiento de identificación o evaluación de las necesidades de protección”, señala el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Afirma que ha recibido secuencias en vídeo que “muestran expulsiones sumarias a Marruecos de personas que lograron cruzar la valla en Ceuta el 4 y el 18 de junio de 2016, hechos que a su juicio corroboran las conclusiones que él mismo presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco de la instrucción de dos denuncias contra España en relación con expulsiones sumarias desde Melilla.
“En estas conclusiones he señalado a una práctica establecida por la que los migrantes que intentan acceder en grupo a Melilla escalando la valla que rodea la ciudad son devueltos por los policías de frontera de España a Marruecos fuera de cualquier procedimiento regulado y sin la identificación o evaluación de su situación individual.
También he hecho notar que esta práctica, a la que las modificaciones legislativas señaladas pretenden proporcionar soporte legal, evitan el ejercicio efectivo del derecho de esas personas a solicitar protección internacional”, dice en su misiva. “Cosa distinta es el derecho a custodiar a la frontera”
El Ministerio del Interior defiende que “España “honra a sus obligaciones como firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951”.
