El Gobierno central perfila el mecanismo de reparto de menores

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reunió este jueves con los delegados del Gobierno de todo el país, incluida la representante de Ceuta, Cristina Pérez, para abordar el Protocolo de actuación en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de menores no acompañados.

En mitad de una reunión marcada por la urgencia y la presión migratoria que soportan Ceuta, Melilla y Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres salió a atender a los medios con un mensaje claro: la solidaridad entre comunidades ya no es una opción, sino una obligación legal.

“El objetivo de este encuentro —explicó— es detallar los pasos dados con la modificación del artículo 35 y los que se darán en las próximas semanas”. El ministro recordó que esta misma semana se aprobó el real decreto que desarrolla la norma y adelantó que el 26 de agosto se publicará el real decreto de capacidad, “que permitirá a las comunidades en situación de contingencia migratoria acreditar en tres días que triplican su capacidad ordinaria de acogida de menores”.

Torres subrayó que, aunque actualmente esta situación afecta principalmente a Canarias, Ceuta y Melilla, el nuevo marco puede extenderse a cualquier territorio. “Están aumentando las llegadas por el Estrecho y también a Baleares”, señaló, defendiendo que la reforma del artículo 35 es “una buena acción del Congreso”, porque introduce criterios “objetivos e indiscutibles: población, esfuerzo realizado y otros parámetros que las comunidades podrán ajustar de forma unánime”.

Un procedimiento garantista

El ministro explicó que el mecanismo fija un procedimiento “claro y garantista”, que comenzará “en la subdelegación del Gobierno del territorio donde está el menor y culminará con la firma de los delegados de origen y destino”.

Según Torres, los plazos también están definidos: “Quince días para los menores recién llegados y hasta un año para quienes ya están en el sistema”. Y recordó que no se trata de una recomendación: “Es una ley en vigor, publicada en el BOE. Todas las comunidades autónomas deben cumplirla”.

“Esto no es política, es humanidad”

Torres insistió en que lo que está en juego “no es una disputa partidista, sino derechos humanos”.

“Pedimos la colaboración de todas las comunidades, hayan votado a favor, en contra o se hayan abstenido". El interés superior del menor, ha destacado, está por encima de cualquier otro derecho, venga de Ucrania, de Mali o de cualquier otro lugar".

En ese sentido, criticó la postura de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que ha cuestionado la acogida de menores africanos en Pozuelo de Alarcón: “Ese centro acoge desde 2022 a madres y niños ucranianos. Como ha dicho el delegado del Gobierno en Madrid, es una especie de racismo preventivo: se ponen obstáculos solo a unos menores”.

Dardo al PP

El ministro también interpeló directamente al líder del Partido Popular quién votó en contra del artículo 35 y quiere llevarlo al Constitucional. "También le hago una pregunta al señor Feijóo. Dice que en septiembre va a presentar una lista de leyes que derogarían. ¿Derogaría la modificación del artículo 35? ¿Haría caer, porque votó en contra, una decisión mayoritaria del Parlamento en el que partidos de distintos lugares de carácter nacionalista o independentista aprobaron y apoyaron que menores que están en Ceuta, Melilla y Canarias, donde, por cierto, gobierna el Partido Popular? ¿Van a quedarse callados los máximos responsables del PP de esos territorios?”.