El Gobierno ha trasladado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo su intención de estudiar el fin de las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, prácticas por las que España iba a ser juzgada este mes de julio.
El primer paso ha sido comunicar que revisará el recurso que el anterior Ejecutivo presentó contra la sentencia que condenaba a España por realizar estas prácticas, en concreto por el caso de dos subsaharianos en Melilla.
En la carta enviada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio que dirige Dolores Delgado asegura que el nuevo Gobierno se ha dado cuenta “de inmediato de la destacada importancia” del caso de estos dos inmigrantes y anuncia que va a revisar la postura que España tenía previsto mantener en la audiencia por dicho recurso, prevista para el 4 de julio. Por la cercanía de esta fecha, el abogado del Estado —representante legal de España ante la Corte— solicita un aplazamiento de la audiencia. El TEDH ha aceptado la petición y la ha fijado para el próximo 19 de septiembre.
