Los 16 guardias civiles señalados por su participación en el operativo policial durante el cual perdieron la vida 15 jóvenes subsaharianos el 6 de febrero de 2014 en aguas de El Tarajal no se sentarán en el banquillo de los acusados. Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Instrucción número 6 tras estimar el recurso presentado por la Fiscalía contra un auto previo en el que se instaba al procesamiento de los agentes. La causa ha quedado de este modo archivada por tercera vez desde que se dictara el primer sobreseimiento en octubre de 2015.
La jueza acordó por un auto con fecha del pasado 24 de septiembre continuar las diligencias previas contra los agentes por posibles delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio. La titular del Juzgado número 6 acepta ahora, a instancias del recurso de la Fiscalía, archivar la causa bajo el argumento de que no existe acusación particular.
El auto estima que la acusación popular, ejercida por distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, no resulta suficiente para impulsar el proceso. La juez avala su argumentación en la denominada “doctrina Botín”, instituida por el Tribunal Supremo, que permitió a quien fuera presidente del Banco de Santander librarse de ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito comercializadas por la entidad financiera. La doctrina establece en esencia que si el fiscal y la acusación particular no acusan a una persona, ésta no puede ser juzgada aunque sí exista acusación popular. La resolución señala que “en el procedimiento abreviado no es admisible la apertura del juicio oral a instancias, en solitario, de la acusación popular”.
Un largo proceso
El 6 de febrero de 2014, varios centenares de migrantes intentaron llegar a nado a Ceuta desde Marruecos. La Guardia Civil trató de evitarlo. En el suceso, fallecieron ahogados 15 jóvenes subsaharianos. Las oenegés que ejercen de acusación denuncian que la Guardia Civil descargó sobre los fallecidos pelotas de goma y botes de humo cuando nadaban precariamente hacia la playa de El Tarajal. Los 23 que lograron arribar fueron devueltos inmediatamente a Marruecos.
El juzgado de instrucción 6 de Ceuta abrió una investigación y la archivó en dos ocasiones, en 2015 y 2018, y con dos juezas distintas, al considerar que el uso del material fue proporcionado. Posteriormente, la Audiencia de Cádiz ordenó reabrir el caso y reclamó nuevas declaraciones.
