El Ministerio del Interior comenzó el pasado lunes a citar a 23 menores extranjeros no acompañados tutelados por la Comunidad de Madrid para que sean entrevistados en la Fiscalía de Menores a fin de determinar si resulta viable su repatriación a Marruecos. La devolución de los menores se promovería al amparo de un acuerdo suscrito entre las autoridades españolas y las marroquíes en 2012 que rara vez ha sido aplicado.
Durante las entrevistas ha estado presente una delegación marroquí. Los informes de la Fiscalía y de la Comunidad de Madrid fundamentarán la decisión que finalmente adopte la Delegación del Gobierno sobre el futuro de los menores.
La activación del proceso encuentra su antecendente más inmediato en la reunión que la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, y el director de Migraciones y Vigilancia de Fronteras del país vecino, Khalid Zorouali, mantuvieron el pasado marzo con representantes del Ministerio de Interior y de la Comunidad de Madrid para pedir información sobre la situación de los cientos de menores no acompañados marroquíes que viven en la región.
Críticas de las oenegés
El inicio del procedimiento ha alertado a las organizaciones humanitarias y a las entidades defensoras de los derechos humanos que consideran, como ya ha hecho público la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que la intención última es la de deportar a los menores. La plataforma considera que el Gobierno se ha plegado a los argumentos defendidos en campaña por la extrema derecha de Vox. Además, advierte de que el proceso abierto vulnera las garantías que el Tribunal Constitucional exigió en 2006 cuando resolvió que la aplicación del acuerdo hispano-marroquí que ahora se utiliza como referencia era inaplicable porque no garantizaba los derechos de los afectados.
A través de un comunicado, Andalucía Acoge se ha sumado a las entidades que cuestionan la decisión de los gobiernos español y marroquí de iniciar los trámites para un posible retorno de los menores. “Con esta medida se está priorizando el control de los flujos migratorios frente a la protección de los menores, insistiendo en las posibilidades de repatriación en vez de mejorar las deficiencias palpables del Sistema de protección a la infancia en España”, protesta la entidad.
