Inmigración

La Audiencia Nacional rechaza la competencia sobre la investigación de las muertes en El Tarajal

Imagen de la playa de El Tarajal/ A.S.
photo_cameraImagen de la playa de El Tarajal/ A.S.

Las asociaciones pro derechos humanos preparan la marcha que mañana recordará en Ceuta a los jóvenes fallecidos entre críticas a la demora del proceso judicial

La Audiencia Nacional no se considera competente para investigar la muerte hace un año de 15 inmigrantes en la playa de El Tarajal. El juez Fernando Andreu ha rehusado aceptar, mediante un auto fechado el pasado 29 de enero, la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta. La jueza ceutí se consideró incompetente porque, según su criterio, las muertes se produjeron en aguas marroquíes.

El magistrado de la Audiencia Nacional, de acuerdo con las tesis de la Fiscalía, mantiene que, dado que no cabe duda de que la actuación de los guardias civiles se produjo en territorio español, la competencia ha de recaer en el juzgado ceutí en tanto que es, precisamente, la conducta de los agentes lo que se encuentra bajo investigación. Andreu precisa que, en todo caso, no ha quedado acreditado si las muertes se produjeron en España, Marruecos o en ambos territorios.

Tras la disensión entre la juez ceutí y la Fiscalía, que ahora el juez Andreu ha resuelto, se escondía una controversia de carácter técnico-jurídico: ¿dónde murieron los inmigrantes? La juez sostenía que las muertes se produjeron en territorio marroquí, lo que habría dejado la competencia en manos de la Audiencia Nacional. La Fiscalía defendía que el juzgado ceutí era competente por cuanto que el delito que se investiga fue cometido presuntamente en territorio español. Andreu resuelve que, independientemente de donde se produjeran las muertes, resulta de aplicación al presente caso el principio de “ubicuidad”, según el cual el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo” y, por tanto, el juez de cualquiera de ellas que haya intervenido en primer lugar será competente para la instrucción.

La marcha del proceso, en todo caso,  ha sido discutida por las oenegés. Hoy mismo, en declaraciones a la Cadena Ser, la letrada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, ha insistido en la conveniencia de que la juez llame a declarar a los guardias civiles presentar en el lugar la mañana de los hechos.

Un año de la tragedia

Hoy hace un año de la tragedia. La mañana del 6 de febrero de 2014, quince jóvenes perdían la vida cuando intentaban alcanzar a nado la costa española. Keita, Armand, Ibrahim, Ousman Kenzo, Oumar Ben Sanda, Yves Martin Bilong y Daouda Dakole son los nombres de algunos de los fallecidos.

Las circunstancias que rodearon aquellas muertes continúan sin haber sido esclarecidas.

Un grupo de 200 personas intentó franquear la valla que discurre sobre el espigón de la playa de El Tarajal, acuciados por los agentes marroquíes y estrechamente vigilados del otro lado por la Guardia Civil. Unos 90 jóvenes decidieron arrojarse al agua en la esperanza de alcanzar a nado territorio español. Quienes lo consiguieron fueron entregados a los gendarmes. Quienes no lo lograron fallecieron.

Un año después de la tragedia, las inconsistencias de las explicaciones ofrecidas por el gobierno español son objeto de controversia. El Ministerio del Interior mantuvo desde un principio que los guardias civiles no dispararon en ningún momento contra los inmigrantes que se afanaban por alcanzar la costa a nado. El director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, fue durante las primeras horas el rostro visible de la negación. Las evidencias posteriores llevaron al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a reconocer el uso de “material antidisturbio”.

Las dudas acerca de lo acaecido en la playa de El Tarajal no han dejado de aumentar desde hace un año. Un informe del Ministerio del Interior, remitido al juzgado que instruye la causa, aseguraba que la cámara de vigilancia que mejor podría haber captado lo sucedido no funcionaba ese 6 de febrero.

La única reacción del Gobierno central hasta la fecha fue ordenar el traslado del teniente coronel de la Guardia Civil, Andrés López, el pasado verano.

In memoriam

El nombre de al menos una quincena de oenegés se encuentra detrás de la organización de la marcha que, en memoria de los fallecidos, partirá mañana a las cuatro de la tarde desde el CETI camino de la playa de El Tarajal. Entre las entidades convocantes y las que han mostrado su adhesión figuran la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Asociación Pedagogía Ciudadana, Digmun, Elin, CEAR, SOS Racismo, Andalucía Acoge, la Plataforma Todos Somos Migrantes de Sevilla, Pateras de la Vida de Marruecos y Migreurop.

La conmemoración no ha pasado desapercibida para  organizaciones y movimientos sociales. Si Human Right Watch denunciaba esta misma semana que España no había hecho justicia todavía a los jóvenes fallecidos, hoy mismo voces de la Iglesia reclamaban “un acceso seguro y legal” a Europa. El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha recriminado la falta de diligencia de las autoridades españolas respecto al esclarecimiento de la tragedia. “Esta violación masiva de los derechos humanos debe, en todo caso, ser investigada adecuadamente y debemos asegurarnos que no se repita”, ha exigido el responsable de JRS Europa, Stefan Kessler.

Comentarios