Las autoridades marroquíes no han contestado a ninguna de las 700 peticiones de informes familiares sobre otros tantos menores migrantes llegados en mayo que ha solicitado al reino alauita la Delegación del Gobierno a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, como ha reconocido la titular de la plaza de los Reyes este lunes. “Marruecos no responde, pero estamos trabajando”, ha dicho Salvadora Mateos.
De esta forma, el país vecino mantiene de hecho bloqueada la posibilidad de incoar ningún expediente de repatriación de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Extranjería que la Justicia española ordenó aplicar en agosto, cuando paralizó los "retornos asistidos" que ambos países acordaron iniciar apelando a un acuerdo bilateral de 2007 para regatear todos los procedimientos que exige la normativa nacional para poder ejecutar la devolución de cualquier niño.
La delegada ha reconocido que el trabajo del área de Menores ya ha finalizado, y que dichos documentos están en manos de Extranjería a la espera de la respuesta de Marruecos. Un trámite necesario, que complementa la información para poder iniciar el último de los pasos del proceso.
Para proceder con el inicio de la siguiente y última fase que marca el Reglamento de Extranjería, sendos documentos (el del Área de Menores y el remitido por las instituciones marroquíes) deben estimar que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación familiar o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen”. Será entonces cuando tengan que ser oídos el menor, el Área de Menores de la Ciudad, y la Fiscalía de Menores. Tan solo una resolución positiva de las tres partes motivará incoar el procedimiento de repatriación propiamente dicho.
Tampoco ha respondido Marruecos sobre la petición transmitida el pasado verano por parte de la Delegación del Gobierno que instaba a conocer la situación de los doscientos menores que fueron repatriados en el marco del acuerdo hispano-marroquí de 2007. “No hemos obtenido respuesta de si los han llegado a reagrupar con sus familias”, ha reconocido la delegada en el contexto de su relato ante la Fiscalía, cuando fue llamada a declarar el pasado diciembre como responsable por dichas devoluciones.
“Defiendo, igual que hice ante el fiscal, que para nosotros fue el momento adecuado y teníamos garantías”, subrayaba Mateos, que ha detallado los pasos que precedieron a la activación del acuerdo. Contactos con las diferentes instituciones del reino alauita, conversaciones con el cónsul español en Rabat, así como con la oficina de comunicaciones del presidente.
“Estuvimos presentes en todo el proceso, hasta el punto que cuando se procedió a las devoluciones diez de los niños que habían asegurado ser menores no lo eran, y aceptaron marcharse”, ha manifestado la delegada quien, pese al bloqueo del país vecino en todo este proceso, ha defendido la distensión en las relaciones y la recuperación progresiva de las mismas. “Están respondiendo y estamos llegando a acuerdos”.
