La inquietud en torno a la situación de los menores extranjeros no acompañados en España se proyecta más allá de los territorios de Ceuta y Melilla. Comunidades como Andalucía, Cataluña o el País Vasco han levantado la voz para reclamar un marco legal que garantice efectivamente la protección de estos menores y para pedir que se adopten medidas que protejan el normal funcionamiento de los servicios asistenciales públicos.
La última propuesta en este ámbito ha sido planteada desde Euskadi. El diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, exigía esta semana al Gobierno español el establecimiento de un sistema de cupos por comunidades para la atención a los “mena”. La llegada de menores extranjeros no acompañados creció un 70% en esa comunidad autónoma. La idea es la de que el Gobierno español, en uso de las competencias que tiene atribuidas, se encargue de regular la distribución de los menores a cada una de las comunidades autónomas.
Precisamente, el hecho de que un buen número de estos niños y adolescentes acaben confinados en Ceuta y Melilla, con las servidumbres que imponen sus reducidos territorios y sus limitados recursos, ha convertido la presencia de estos menores en un polvorín. Una mayor vigilancia del Estado sobre el destino de estos jóvenes determinado en función de la capacidad real para prestarles asistencia de cada territorio podría dar una salida a la situación crítica que se vive en las dos ciudades autónomas.
El PNV ya ha llevado al Congreso de los Diputados una moción por la que solicita la implantación de un protocolo para la coordinación de las instituciones y administraciones implicadas que cubra todo el ciclo: desde la localización del menor hasta su puesta a disposición de los servicios públicos de protección.
La dispersión incontrolada de los menores ya ha obligado a algunos gobiernos autónomos a adoptar medidas extraordinarias. La Junta de Andalucía ha decidido contratar por vía de urgencia 300 plazas para brindar acogida a los “mena” que llegan a las provincias de Granada, Huelva, Almería y Cádiz. El Gobierno andaluz constató durante el año pasado 3.292 nuevos ingresos.
La Junta ya ha alzado la voz para reclamar al Gobierno central su implicación en la financiación de estos servicios.
También la Generalitat de Cataluña se ha visto obligado a incrementar el número de plazas de acogida. Ya en 2016, el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) denunció la sobreocupación de los centros en la comunidad autónoma.
El número de “menas” que llegan a Cataluña no ha cesado de crecer. Según un estudio publicado el pasado año, si en 2016 el número de menores extranjeros que arribaban a la comunidad era de 50 al mes, en octubre del año siguiente ya había alcanzado los 200.
