“Emergencia”, “colapso” y “crisis” son algunos de los sustantivos que el Gobierno de la Ciudad viene empleando desde hace dos semanas para describir la situación que enfrenta Ceuta como consecuencia de la llegada al municipio de los menores marroquíes que emigran sin la compañía de un adulto. La queja de los responsables municipales no es nueva. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ya se había lamentado en años anteriores de las dificultades existentes para prestar acogida a estos niños y adolescentes.
La imposibilidad legal de que estos menores puedan ser trasladados a la Península y la falta de recursos, unida a su ineficiente gestión, para garantizar su atención y custodia hacen de los ya estigmatizados como “menas” las principales víctimas de la situación.
La petición del Gobierno de la Ciudad es, precisamente, la de que todos aquellos menores que no puedan ser asumidos por el centro de acogida de Ceuta, con capacidad para 60 residentes, sean remitidos a instituciones asistenciales de la Península. Lo que ahora plantea el Ayuntamiento ya se contemplaba en una proposición no de ley que el Congreso de los Diputados aprobó en octubre de 2017. En ella, se establecía que los menores extranjeros no acompañados residentes en Ceuta y Melilla serían trasladados a la Península atendiendo siempre a su interés superior y tras ser oídos. La moción, presentada por los diputados de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, fue aprobada con la abstención del PP.
Los argumentos de la Ciudad
El Gobierno municipal sostiene que la Ciudad asume una responsabilidad que excede las competencias que por ley tiene asignadas. Éste es uno de los argumentos que los populares de Vivas incluyen en un escrito que remitirán al Gobierno central, una misiva que no han dudado en calificar de “demanda de socorro”.
En el escrito, que no detalla las necesidades de los menores ni abunda en referencias a la situación de desamparo en la que muchos de ellos pasan sus días, el Gobierno local habla de “entrada masiva”. Según sus datos, la estancia en el centro de realojo ha pasado de 250 a 420 menores en los últimos cuatro meses y el número de niños y adolescentes que malviven en las calles ronda los 300.
La Ciudad insta al Gobierno central a adoptar medidas y a asumir las responsabilidades que le caben en materia de inmigración irregular.
Un nuevo modelo
Apenas cuatro días después de que el presidente Vivas hiciera públicas sus quejas, la Cadena Ser revelaba que el Gobierno central se hallaba trabajando en una propuesta para modificar el modelo de acogida y atención de los menores extranjeros no acompañados. La propuesta, pendiente de ser aprobada por el pleno del Observatorio de la Infancia, contempla la creación de una red de centros de primera acogida dependientes de la Administración General del Estado desde los cuales los menores serían posteriormente distribuidos entre las distintas comunidades autónomas. Según las estimaciones del Observatorio, el número de menores extranjeros que han emigrado a España solos asciende a 12.786.
De ejecutarse este plan, buena parte de las demandas planteadas por el Gobierno de Ceuta resultarían satisfechas en la medida en que el objetivo del nuevo modelo sería el instrumento para garantizar un reparto más equilibrado de estos menores entre las distintas autonomías.
La propuesta, sin embargo, ha sido tachada de “inconstitucional” por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.
