La maniobra política con la que Marruecos ha querido acosar a España desde el pasado lunes tiene en los niños una de sus principales víctimas. La Ciudad y la Delegación del Gobierno buscan una salida para el millar de pequeños marroquíes que pueden haberse quedado desamparados de este lado de la frontera.
La Ciudad estimaba esta mañana en unos 840 los marroquíes que, a falta de una comprobación más precisa, eran considerados menores de edad. De ellos, unos 200 eran trasladados de madrugada al campamento de Piniers, una instalación abierta para ampliar la disponibilidad de plazas destinadas a menores durante la pandemia pero que fue cerrada semanas atrás. El resto permanecía en las naves de El Tarajal, que eran acondicionadas sobre la marcha para atender con un mínimo de dignidad a los menores. En todo caso, el polígono comercial no es sino un recurso de emergencia.
Las autoridades municipales aguardan ahora a que se materialice el compromiso de las comunidades autónomas de acoger a 200 de los 230 menores que ya tutelaba la Ciudad antes del pasado lunes.
Una vez que Rabat ordenaba ayer a sus fuerzas de seguridad que recuperaran el control sobre su frontera, la tensión vivida desde comienzos de semana ha dejado paso a la preocupación por el destino de los niños, una inquietud que no parece acuciar al Gobierno marroquí.
La escasa edad de muchos de los niños y la evidencia de que una inmensa mayoría entró en Ceuta sin evaluar las consecuencias han creado un problema que las autoridades se esfuerzan en solucionar recurriendo a dos expedientes: buscar acomodo a los que se quedarán en la ciudad y gestionar el retorno con sus familias de aquellos que han expresado la voluntad de volver a sus hogares.
El último dato proporcionado por la Delegación del Gobierno cifraba en 5.600 los migrantes que ya habían sido devueltos al país vecino. La gestión de los menores, mucho más compleja, se ha convertido ahora en la prioridad de las autoridades.
