Pérez avisa: las comunidades que rechacen acoger menores tendrán que responder ante la ley

La delegada del Gobierno en Ceuta carga contra las comunidades del PP que se niegan a acoger menores no acompañados y advierte de que el incumplimiento del nuevo decreto tendrá consecuencias penales y administrativas.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, no se anduvo con rodeos. En una comparecencia ante los medios, elevó el tono para defender el compromiso del Ejecutivo central con los menores migrantes no acompañados y para advertir, sin matices, que el rechazo de algunas comunidades autónomas al reparto de estos menores “no quedará impune”.

Pérez habló tras participar en una reunión celebrada en Gran Canaria con responsables del Ministerio de Infancia y Juventud, donde se abordó el futuro reparto de menores tutelados. La cita clave llegará el próximo 26 de agosto, fecha prevista para que el Consejo de Ministros apruebe el reparto definitivo. Pero ya dejó claro que el Gobierno no va a esperar eternamente: “Cualquier funcionario que se niegue a acatar una orden de recepción tendrá que enfrentarse a las Fuerzas de Seguridad y a la Fiscalía”.

“Sabemos que van a interponer recursos absurdos”

La delegada denunció la falta de solidaridad de algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, a las que acusó de bloquear una redistribución que considera urgente y justa. “Esperamos colaboración, aunque personalmente no tengo ninguna esperanza porque están demostrando lo contrario a diario”, lamentó. El mensaje fue directo y con destinatario claro.

Pérez aseguró que el Ejecutivo trabaja ya en una guía de procedimiento que unifique los criterios entre territorios emisores y receptores para facilitar el traslado de los menores. Una hoja de ruta que vendrá acompañada de un real decreto ley de obligado cumplimiento, con advertencia incluida: su incumplimiento acarreará “consecuencias penales y administrativas”.

Ceuta, al límite: “Vivimos una contingencia migratoria permanente”

La representante del Gobierno central defendió que Ceuta no puede más. “Tenemos muchos más menores de los que nuestra renta per cápita puede soportar. Ceuta es uno de los territorios más interesados en que el reparto se ejecute cuanto antes”, afirmó.

Durante su intervención, Pérez agradeció la implicación del ministro Ángel Víctor Torres, que —dijo— ha sido receptivo a que Ceuta figure entre los primeros territorios en ver reducido el número de menores acogidos. La delegada también reconoció el papel de la Ciudad Autónoma en este proceso: “El procedimiento será coordinado desde la Delegación del Gobierno, pero en constante comunicación con la Ciudad”. Nombró expresamente al consejero de Sanidad, Alberto Gaitán, y a la jefa del área de menores, Toñi Palomo, por su trabajo y compromiso.

Dardos directos a Ayuso y a la derecha

Pérez se mostró especialmente crítica con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Citó el caso de Pozuelo, municipio que sí acogió a menores ucranianos pero que rechaza a niños de origen magrebí o subsahariano: “Habrá que hacérselo mirar. Pero claro, teniendo en cuenta quién preside la Comunidad de Madrid, demasiado lejos hemos llegado”.

“No se puede hablar de solidaridad interterritorial cuando se discuten presupuestos y mirar para otro lado cuando se trata de proteger a menores en situación de vulnerabilidad”, espetó. Para Pérez, “la derecha y la ultraderecha se parecen cada vez más” en este asunto, pero advirtió que “se activará toda la maquinaria del Estado para que cada comunidad cumpla con lo que le corresponde”.

“El Estado lo paga todo, ¿cuál es el problema entonces?”

La delegada también desmontó uno de los argumentos más repetidos por los gobiernos autonómicos reacios: el coste. “Ninguna comunidad tiene que pagar nada. El Estado asume íntegramente los gastos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”, preguntó. Para ella, el obstáculo no es económico, sino puramente ideológico.

Pérez concluyó con una advertencia rotunda: si hace falta, se recurrirá a mecanismos coercitivos, incluidos procesos sancionadores. “Estamos hablando de derechos humanos, de protección a la infancia. Aquí no hay margen para la insolidaridad ni la instrumentalización política”.