Inmigración

LA POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE MIGRANTES PONE EN ENTREDICHO AL PSOE

Pizzas, violencias y acuerdos desempolvados tras un cuarto de siglo

El acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos en 1992 para regular la readmisión de extranjeros, desempolvado este jueves por el Gobierno de Pedro Sánchez, soporta a su pie la firma de José Luis Corcuera, el aguerrido sindicalista que Felipe González decidió poner al frente del Ministerio del Interior en 1988.

Los doce abogados de turno que asistían a los 116 subsaharianos a los que el Ministerio del Interior había ya resuelto devolver a Marruecos trabajaban sin descanso. Todos ellos habían sido reclamados para prestar asistencia jurídica en dependencias policiales a los jóvenes que el día anterior consiguieron franquear la valla fronteriza y entrar en Ceuta.

Tal y como confesarían más tarde los directivos del Colegio de Abogados de Ceuta, ninguno de los letrados podía imaginar que el procedimiento que se iba a aplicar a sus sobrevenidos clientes estaba fundado en un acuerdo internacional que jamás se había empleado en Ceuta. Quizás para atenuar esta perplejidad, y con el propósito de hacer la noche más llevadera, Interior resolvió gastar 120 euros en pizzas para todos. En todo caso, era un bocado duro de tragar.

El acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos en 1992 para regular la readmisión de extranjeros, desempolvado para la ocasión por el Gobierno de Pedro Sánchez, soporta a su pie la firma de José Luis Corcuera, el aguerrido sindicalista que Felipe González decidió poner al frente del Ministerio del Interior en 1988.

El expresidente González y su ministro del Interior, José Luis CorcueraEl expresidente González y su ministro del Interior, José Luis Corcuera

Corcuera, aficionado a los trazos gruesos y a esa llana desinhibición que tan del gusto resulta entre los castellanos viejos, dejó su huella en aquel acuerdo bilateral, aunque, de seguro, de manera involuntaria. Y es que aquel convenio, como otras tantas cosas que pretendió el ministro a lo largo de su carrera política, no sirvió para gran cosa.

Ya en los primeros años, la eficacia del acuerdo hispano-marroquí quedó en evidencia. Tuvieron que transcurrir tres años desde su firma para que Marruecos aceptara a los tres primeros extranjeros que España quiso devolver. A lo largo de 1996 y 1997, el número de migrantes retornados al país vecino ascendió a 70. Al año siguiente, Rabat sólo dio el beneplácito a la readmisión de uno.

El cumplimiento del acuerdo del 13 de febrero de 1992 siempre dependió de la voluntad de Marruecos. Las devoluciones sólo eran posibles si podía probarse de manera fehaciente que los extranjeros procedían efectivamente de territorio marroquí. Y si el Gobierno del país vecino se empeñaba, no había forma de demostrarlo.

Muy en la línea de las obras de Corcuera, el documento incluía, por si fuera poco, un error de bulto. Tal y como hace ver la doctora Inmaculada González García en su trabajo “El acuerdo España-Marruecos de readmisión de inmigrantes y su problemática aplicación: las avalanchas de Ceuta y Melilla”, el artículo 2 del acuerdo precisaba que la solicitud de readmisión debería solicitarse dentro del plazo de los diez días posteriores a la entrada ilegal en el estado requerido para aceptar a los extranjeros. Esto es, y siguiendo el sentido literal de la redacción, Marruecos. “Una disposición que, de ser interpretada literalmente, impediría la aplicación de la cuerdo, por lo que entendemos se ha producido un error de redacción”, escribe la doctora.

Más allá de la pericia de los redactores del acuerdo, y tal como subraya González García, la historia del acuerdo encuentra uno de sus puntos de inflexión en la devolución el 6 de octubre de 2005 a Marruecos de 73 subsaharianos que habían logrado entrar en Melilla superando la valla fronteriza. La presunción de que el procedimiento obvió las garantías necesarias para la preservación de los derechos de los extranjeros devueltos resultaba más que razonables. Lo más notable, sin embargo, tal como subraya la doctora González García, es que existían indicios de que Marruecos consideraba que el acuerdo no estaba en vigor. “Entonces, si Marruecos, uno de los estados parte del acuerdo de 1992 consideraba que éste no estaba en vigor, la devolución de los 73 subsaharianos se basó en una decisión política adoptada ad hoc para la ocasión”, valora la autora del estudio.

 

¿Por qué ahora?

Si el Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido al viejo acuerdo del 92 también como una solución ad hoc a un problema coyuntural o si, por el contrario, ha inaugurado una nueva línea de colaboración con Rabat y, por tanto, una línea de trabajo que contradice la política migratoria que Moncloa seguía aún defendiendo hace apenas unas semanas, sólo el tiempo lo dirá.  

En todo caso, una pregunta queda en el aire: ¿por qué ahora? La cuestión interpela, obviamente, al Ejecutivo de Sánchez, promotor de la recuperación del acuerdo, pero también al PP. ¿Por qué los populares celebran en estos días la aplicación de un acuerdo al que el Gobierno de Mariano Rajoy jamás recurrió?

Migrantes que lograron entrar en Ceuta en febrero de 2017, custodiados por la Policía (C.A./ARCHIVO)Migrantes que lograron entrar en Ceuta el 17 de febrero de 2017, custodiados por la Policía (C.A./ARCHIVO)

Los populares, y en esto en nada se han diferenciado de los socialistas, han clamado en las últimas semanas contra la “crítica” situación que se vive en la frontera de Ceuta y la “extrema violencia” empleada por los migrantes contra los agente de las fuerzas de seguridad para entrar en la ciudad. El argumento que ha justificado la devolución de los 116 jóvenes subsaharianos a Marruecos se empleó también en el pasado reciente sin que el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, adoptase medida de coerción alguna sobre los migrantes.

El 9 de diciembre de 2016, 438 jóvenes entran en Ceuta franqueando la valla. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, desembarca en la ciudad y advierte de que los migrantes han comenzado a hacer uso de “nuevas técnicas” para quebrar la solidez del cercado.

En Año Nuevo, 1.100 migrantes protagonizan un intento de entrada en la ciudad que la Delegación del Gobierno califica de “extraordinariamente violento y organizado”. Sólo dos de los 106 jóvenes que lograron pisar suelo español consiguieron permanecer en Ceuta. El resto fue expulsado a pie de valla mediante el recurso de la “devolución en caliente”.

En febrero siguiente, otros 498 migrantes entran en la ciudad. “Ya no saltan la valla como era habitual sino que van reventando puertas”, advirtió entonces Nieto.

El 1 de agosto, el ministro Zoido tilda de “ataque muy radical” ejecutado con “violencia extrema” el salto que permitió a 73 jóvenes extranjeros acceder a suelo ceutí.

Seis días más tarde, 187 subsaharianos entran a la carrera por el mismísimo paso oficial de la frontera de El Tarajal. Un policía, que trató de frenar a patadas la entrada de los migrantes, se fractura la tibia y el peroné. Interior asegura, en una respuesta a una pregunta parlamentaria, que los protagonistas de esta entrada masiva constituían “un grupo agresivo y violento”.

En ninguno de estos casos, pese a lo masivo de las entradas irregulares y al uso de la “extrema violencia” que el Gobierno de Mariano Rajoy no dudó en atribuir a los migrantes, se adoptó ninguna medida extraordinaria que entrañara la devolución de los extranjeros.

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